La Generalitat, entre los morosos del alcalde Trias

La deuda que la Generalitat arrastra con Barcelona desde la época del tripartito y que sigue subiendo —es de 235 millones de euros— volvió a enfrentar ayer al Gobierno presidio por Xavier Trias (CiU) y a la oposición. Jordi Martí, líder del PSC, denunció que el Ayuntamiento ha apuntado en el capítulo de provisiones de saldos de dudoso cobro una parte de la deuda con el Gobierno catalán. Allí comparte lugar con, por ejemplo, las multas por prostitución u otras que se consideran de “difícil o imposible cobro”.

“Hemos pasado de llevar la Generalitat a los tribunales a perdonar la deuda”, acusó Martí. Desde el Consistorio, la segunda teniente de alcalde Sònia Recasens (CiU) aseguró que no se renuncia a cobrar un euro. La edil tildó de “manipulación” el argumento de los socialistas. “El provisionamiento no quiere decir renunciar a cobrarlos, significa trabajar con rigor presupuestario. No se pueden contabilizar ingresos que todavía no se han producido”, dijo Recasens en una nota de prensa.

El Ayuntamiento, según el cierre del Presupuesto del año anterior, provisionó 132 millones de la deuda. “Si bien estas deudas de derecho público se consideran garantizadas, no es menos cierto que los pagos de esta institución [la Generalitat] se están produciendo sin regularidad y no es previsible su cobro en el corto plazo”, dice el documento de cierre.

En el Partido Popular calificaron la decisión de Recasens de “exceso de prudencia”. “Si Barcelona continúa haciendo de financiera se podría traspasar una línea roja que afectaría a la situación financiera de la ciudad”, alertó su líder, Alberto Fernández Díaz.