El Gobierno cambia con urgencia la ley de RTVA para evitar la parálisis

El difícil acuerdo político aboca a la empresa a un largo periodo de interinidad

Imagen de la sede de RTVA.
Imagen de la sede de RTVA. JULIÁN ROJAS

El Gobierno andaluz actuará de manera urgente en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) para garantizar el funcionamiento normal de la mayor empresa pública de la comunidad, en la que trabajan 1.587 personas, con un alto cargo interino. Tras el anuncio de dimisión del director general, Pablo Carrasco, cuya marcha será efectiva dentro de una semana, el Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes de manera urgente un decreto ley para que el consejo de administración de RTVA —en el que el PSOE tiene mayoría absoluta— asuma determinadas competencias que permitan la estabilidad de la sociedad, según anunció ayer la consejera de la Presidencia, Susana Díaz.

El consejo tendrá facultades para delegar determinadas funciones ejecutivas en directivos de la RTVA, que serán los que lleven el día a día de una empresa en situación crítica por la reducción de sus ingresos. La situación es especialmente grave porque la empresa denunció en septiembre pasado el convenio colectivo y aún no se ha llegado a un acuerdo sobre rebajas salariales. El pago de nóminas en Canal Sur asciende a 81 millones de euros en 2013, un 49% de su presupuesto.

El Gobierno utilizará esta vía urgente para cubrir un vacío en la ley de RTVA, en la que no se contempla la marcha del director general ni la eventualidad de su fallecimiento. Sobre la dirección general recaen multitud de funciones ejecutivas e institucionales, entre ellas, las de comparecer en el Parlamento, que no se pueden delegar.

El consejo de administración celebrará el próximo viernes una reunión en la que se votará una propuesta de Carrasco en la que se contempla un nuevo organigrama. El director de Canal Sur Televisión asumirá la competencia de la subdirección general, un puesto de nueva creación. Para este cargo ha propuesto al actual director de Canal Sur Radio, Joaquín Durán. También va a proponer que Inés Alba, actual jefa de Contenidos de Actualidad e Informativos de la radio, asuma la dirección de Canal Sur Radio. Estas propuestas saldrán adelante porque las apoyarán los ocho consejeros propuestos por el PSOE. No se sabe bien lo que hará el representante de IU, Juan de Dios Villanueva, quien dijo ayer a Europa Press que Carrasco “no tiene legitimidad alguna para hacer ninguna propuesta de relevo o sucesión”. También se desconoce la posición de los seis consejeros del PP.

El decreto ley es una solución temporal y transitoria. Lo que se desconoce es cuánto va a durar la interinidad en Canal Sur, ya que la elección de un nuevo director general está en manos de los tres grupos parlamentarios de la Cámara andaluza. Aunque la consejera de la Presidencia confió en que esta situación “dure el menor tiempo posible” y que los representantes de los partidos aseguran que “cuanto antes” debe haber una solución, nadie sabe en estos momentos si PP, PSOE e Izquierda Unida van a ser capaces de ponerse de acuerdo en elegir en el Parlamento a una directora o director general de la RTVA.

La ley de RTVA establece que el ejecutivo debe ser elegido por una mayoría cualificada. En una primera votación debe reunir el apoyo de dos tercios de la Cámara (72 votos de un total de 109) y en una segunda, de tres quintos (65 votos). Estas cifras obligan a contar de manera inexcusable con el concurso de los 50 diputados del PP. Para esta formación, Canal Sur siempre ha sido su pimpampum favorito, por considerar que esta empresa es un instrumento al servicio del Gobierno andaluz. Si Javier Arenas siguiera al frente del PP andaluz, ninguna duda habría en el PSOE y en IU de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. Pero el que lidera ahora el PP es Juan Ignacio Zoido —quien fue miembro del consejo de administración de RTVA— y habrá que ver si sigue la senda arrolladora de su antecesor.

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El escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo está muy instalado en los tres grupos, pese a que públicamente sus dirigentes transmiten la idea contraria.

La situación de interinidad es nefasta para la propia empresa pública, pero políticamente es muy cómoda para PSOE e IU ya que pueden alargar esta situación hasta que haya consenso. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, insinuó que si la situación de bloqueo se prolonga, la mayoría reforzada que ahora se exige podría quedar en mayoría absoluta si se cambia la ley. Esta declaración cogió a contrapié al portavoz de IU, José Antonio Castro, quien afirmó que no contempla rebajar esa exigencia.

Tampoco lo prevé Díaz. Esta defendió con vehemencia la elección del director general por consenso y negó que planee un cambio legal que permita elegir al directivo sin pactarla con la oposición como hizo el PP de Rajoy con la ley de RTVE que aprobó Zapatero. PSOE e IU mantuvieron este miércoles por la tarde una reunión para unificar mensajes sobre este asunto.

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