El Gobierno pagará a las agencias según la duración de los contratos a parados

La Generalitat ha reiterado su intención de delegar la búsqueda de trabajo para los parados de más difícil inserción en agencias de colocación privadas. Ayer, el secretario general de Empleo y Relaciones Laborales del gobierno catalán, Ramon Bonastre, explicó al sector que trabaja en un sistema por el que les pagará en función del número desempleados para los que consigan trabajo y de la duración de los contratos. Además, no les dará una subvención previa sino que les pagará por trabajo realizado, bajo criterios de “objetivos y eficiencia”. El secretario general se refirió a contratos “de más de seis meses de duración”, pero sin concretar más detalles.

Bonastre intervino en las jornadas organizadas en Sabadell por la Asociación Catalana de Agencias de Colocación y Empresas de Recolocación (ACACER) , que agrupa al 60% de las 169 agencias que llevan dos años acreditadas a la espera de que el Gobierno y las Generalitat firmen convenios para delegarles parte del trabajo que hacen los servicios públicos de empleo. En Cataluña, insistió el director general, la reforma del SOC prevé que los empleados públicos se centren en la evaluación y orientación de las personas desempleadas y, posteriormente, delegar la intermediación en estas empresas acreditadas, para las que se creará un registro catalán. El programa preveía la participación de un representante del Servicio Estatal de Empleo (SEPE) que disculpó su ausencia.

El presidente de ACACER, Angel Buxó, trasladó a Bonastre la preocupación del sector. Hace dos años las agencias fueron obligadas a registrarse para lograr la autorización (para lo que tuvieron que adaptarse a la normativa), pero sigue sin llegar el dinero para firmar convenios y ponerse a trabajar con la administración. Mientras, denuncia Buxó, las agencias siguen cumpliendo con obligaciones como enviar informes de actividad mensuales y de facturación anuales, además de gestionar los curriculums de los receptores del Plan Prepara (la ayuda de 400 euros que se recibe si se demuestra que se busca empleo por tres lados distintos).

Sobre el establecimiento de tarifas en función de “objetivos y eficiencia” Buxó asegura que los asociados están “con ganas y dispuestos a trabajar” pero recuerda que las empresas tienen unos gastos fijos y pide sensibilidad para que se retribuyan correctamente los servicios ofertados.

Entre las 169 agencias autorizadas hay desde empresas privadas de selección, hasta entidades del tercer sector que trabajan con discapacitados o personas con riesgo de exclusión, pasando por servicios de empleo municipales o ETT. Su entrada en acción depende de convenios con la Generalitat que a su vez dependen de los fondos de Madrid para políticas activas de empleo que llegan a través de la conferencia sectorial. Por ahora, ni siquiera hay fecha para la próxima conferencia, alertó ayer Bonastre.