La Guardia Civil registró la casa del ex director general de la CAM

Efectivos de la Guardia Civil adscritos a la Audiencia Nacional se llevaron el miércoles del domicilio del exdirector general de la CAM Roberto López Abad ordenadores y material informático, han confirmado este viernes fuentes policiales. Según informa la agencia Efe, también se ha realizado un registro en un despacho de Benidorm.

El registro del domicilio de López Abad forma parte de la investigación sobre los negocios de la caja en México, República Dominicana y Tenerife a través de Valfensal, una sociedad participada por la caja en un 30% y por el grupo Mar Confort de los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó en el 70% restante.

Se trata de una mercantil cuya actividad está siendo indagada bajo la sospecha de que sirvió para desviar dinero de la CAM en beneficio de los cuatro querellados por estos hechos: López Abad, el exresponsable de inversiones de la entidad en la época de la bonanza inmobiliaria Daniel Gil Mallebrera y los dos empresarios de Benidorm.

El registro en casa de López Abad se produjo a continuación del practicado en el domicilio de Gil Mallebrera, donde los agentes acudieron a primera hora de la mañana para desplazarse a continuación hasta la casa de quien fue el penúltimo director general de la CAM antes de su extinción. A mediados de octubre también se practicaron registros en la sede que Valfensal tiene en la capital de la Costa Blanca y en los domicilios de Ferri y Baldó.

Tras la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y admitida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, se investiga sobre la sospecha de que los cuatro querellados se pusieron de acuerdo para simular inversiones en el Caribe y en Tenerife cuando en realidad se estaban apropiando de fondos de la entidad. Según consta en el querella del FROB, los hechos que se les atribuyen podían ser constitutivos de cinco delitos de apropiación indebida o de otros tantos de administración desleal, listado de cargos que podría ampliarse con los de blanqueo de capitales, falsedad documental o contra la Hacienda Pública a medida que avance la instrucción. Ahora los agentes especializados en delitos económicos están analizando la documentación intervenida.