Juárez promete ahora gestiones a favor del empleo en Santa Bárbara

El PP es el único partido que no estaba representado por algún cargo público en la manifestación de medio millar de personas que recorrió ayer las calles de A Coruña en protesta por el cierre anunciado de la fábrica de armas. Terminó ante la delegación del Gobierno, donde su titular, Samuel Juárez, tras recibir al comité de empresa, volvió a excusar la no intervención del Ejecutivo de Mariano Rajoy para frena el despido de unos 700 trabajadores en toda España además de la clausura de la factoría coruñesa. “Se trata de una empresa privada que puede tomar sus decisiones individualmente”, reiteró Juárez.

No obstante, reconoció que el Ministerio de Defensa, dueño del solar que acoge la fábrica del grupo —privatizado en 2001 y principal suministrador de la Armada española— puede “lógicamente hacer las gestiones necesarias para ayudar en lo posible a que tenga futuro y defender los puestos de trabajo”. Son 170 los que peligran en A Coruña con un cierre previsto para final de mes.

Aún con todos los condicionantes, es la primera vez, tras un mes de protestas, que un representante del Ejecutivo central promete intentar lo que reivindica la plantilla: “Un trato igual que otras comunidades”. Las que lograron que General Dynamics, dueño del grupo Santa Bárbara, acepte como alternativa al cierre la venta a empresas civiles de sus fábricas de Murcia o Palencia. El presidente del comité de empresa, Roberto Teixido, recordó que diversificar la producción, un proceso incipiente en A Coruña, es el único modo de salvar esta industria de alta calificación, la que queda en la ciudad.

En la fábrica coruñesa, gracias a la ayuda de la Xunta, en tiempos del bipartito que luego continuó el actual Gobierno de Feijóo, rememoró Teixido, empezó con la Universidad a diversificar hacia productos de nanotecnología para el sector médico o informático. Aún siendo su principal cometido la fábricación de armas, éste puede ser el camino para salvar el centro coruñés, insiste su plantilla, de 170 personas.

El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, también del PP, destacó en su defensa por el mantenimiento de la fábrica y contra el desmantelamiento “de la industria armamentística española”. Ayer reiteró su intención de dar la batalla, confiado, dijo, en que Defensa se pronuncie contra del cierre. Aún sigue sin mover ficha.