El CAC actúa contra las emisiones esotéricas en horario infantil

Channel VIT emite en cuatro canales de televisión de la demarcación de Barcelona contenidos esotéricos las 24 horas del día. No solo lo hace sin licencia, es decir de forma pirata, sino que vulnera la legislación "de forma grave", porque sirve contenidos en horario de protección infantil.

El Consejo del Audiovisual Catalán (CAC) ha abierto un expediente contra la prestadora del servicio, la empresa Esoditel, por ofrecer de "forma ininterrumpida" programas de carácter esotérico donde "una serie de videntes da respuesta vía telefónica a las consultas de la audiencia, por ejemplo tirando las cartas del tarot" en la franja horaria que va de las seis de la madrugada a las diez de la noche.

En este horario los programas no llevan ningún "código de señalización", lo que indica que se trata de un contenido apto para todos los públicos, en opinión del CAC, cuando la normativa catalana establece que aquello que puedan afectar al desarrollo físico, mental o moral de niños y adolescentes solo pueden ser difundidos después de las 10 de la noche y antes de las seis de la madrugada.  Paralelamente, la Generalitat de Cataluña actuará contra la misma compañía por emitir sin licencia.

"Queremos evitar la impunidad con la que actúan este tipo de prestadores de servicios. No solo carecen de título habilitante para la actividad. También vulneran los derechos de los menores", explica un portavoz del CAC.  Se trata de la primera actuación de este tipo desde que se aprobó la ley catalana 2/2012, de 22 de febrero, que modificó diversas leyes en materia audiovisual. "Habrá más", advierte el organismo.

Los cuatro canales, según los análisis realizados por el CAC a partir de muestras de 48 horas recogidas a lo largo de febrero, emiten "programaciones diferenciadas pero, en todos los casos, exclusivamente centradas en el esoterismo, durante las 24 horas del día y bajo la misma marca: Channel VIT". Si el procedimiento termina en sanción económica, la multa podría oscilar de los 90.000 a los 300.000 euros. El total, además, debería multiplicarse por cada uno de los canales que vulneran los derechos del menor en sus emisiones en abierto.