La juez de los ERE exige a Garrigues y a la Junta datos de contratos

La juez que instruye el caso de los ERE, Ana Rosa Curra, ha cruzado la información procedente del bufete de abogados Garrigues y la Junta sobre los contratos firmados entre ambas partes. Y la magistrada ha identificado “las discrepancias” existentes, que ahora se propone aclarar, tal y como expone en un auto del pasado 18 de enero. La adjudicación de contratos por parte del Ejecutivo a este despacho fue excepcional: Garrigues facturó servicios a la Junta al menos por 1,5 millones entre 2001 y 2011, según la relación de contratos reflejada en el sumario de la causa.

“Que se justifique debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades”, argumenta la juez sobre la sustitución de funciones que ejerció sobre los servicios de los abogados de la Junta. Curra destaca un contrato para el “asesoramiento fiscal permanente” del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) obtenido por Garrigues, que debía haber contado con publicidad y concurrencia salvo que “fuera incompatible con estos principios”, según la magistrada.

Las diferentes consejerías han remitido al juzgado todos los contratos con este bufete y Curra pide a la Junta que le aclare si pagó a Garrigues un contrato negociado y sin publicación con la Consejería de Hacienda para elaborar un anteproyecto de la Ley de Artesanía de Andalucía. Otro ejemplo es un estudio sobre contratación administrativa en la nueva ley de contratos, que el despacho define como “Nueva Ciudad de la Justicia”. Además, han sido analizados dos contratos firmados por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y otros 10 firmados por su sucesor, Juan Márquez.

Mientras, el director general de la agencia Idea, Antonio Valverde, destacó en un informe del pasado verano las diferencias entre las facturas confirmadas por Garrigues y la Junta sobre su relación profesional. Solo en 2003 la agencia pública contabilizó facturas por un importe de 675.227 euros. “Esta situación hace que existan diferencias entre lo declarado por Garrigues, dado que solamente han especificado lo facturado a la Agencia, 49.160 euros, mientras que Idea recoge tanto lo recibido a nombre de Idea y la Junta por importe de 724.388 euros”.

Por otra parte, Guerrero ha reclamado a la Junta 24.750 euros por su condición de funcionario del Servicio Andaluz de Salud (SAE). Guerrero está suspendido desde enero de 2012 por su imputación en el caso de los ERE y ahora argumenta que según la ley, le corresponde el 75% de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias. Guerrero denuncia que esto “no se ha producido”, ha informado Europa Press.