Calparsoro plantea que los funcionarios estén sujetos a un código de conducta

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha presentado hoy en el Parlamento la memoria de la Fiscalía del año 2011, que quedó pendiente de explicación en la Cámara debido al adelanto electoral.

Calparsoro ha demandado medidas para la prevención de la corrupción porque “no es suficiente con expresar buenas intenciones y propuestas inconcretas y genéricas". "Tenemos que ser capaces de limitar drásticamente” este delito “en el que la víctima no tiene rostro; es el contrato social”, ha añadido.

“Si no hacemos nada, si dejamos que invada impunemente la sociedad se corre el riesgo de caer en la caza de brujas y desacreditar a todos, donde todo el mundo es sospechoso”, ha argumentado.

El fiscal superior ha insistido en la necesidad de “medidas preventivas”, que logren “reaccionar contra este flagelo y no dejar caer toda la carga del sistema de control en el lado de la represión”. Calparsoro ha planteado que todos los funcionarios estén sujetos a códigos de conducta que incluyan la publicidad de su patrimonio, así como las correspondientes medidas sancionadoras.

Todo ello porque, especialmente en tiempos de crisis, “parece jurídicamente discutible que se gasten importantes sumas de dinero público como consecuencia de cambios de decisiones de los responsables públicos en el ejercicio de sus responsabilidades”, ha señalado, “dejando sin efecto contratos o compromisos de inversión adoptadas por los anteriores responsables”.

Calparsoro ha detallado las líneas generales de la memoria de la Fiscalía Superior de 2011. Ese año se incoaron en Euskadi un total de 135.143 procedimientos penales por delitos, un 3,47% menos que en 2010. De ellos solo el 4,54% terminaron en sentencia y el 70% se refirieron a delitos de patrimonio. El Ministerio Público impulsó 11.933 escritos de acusación, un 4,20% más con respecto al año anterior.

En el ámbito de menores, se aplicó la legislación penal a un total de 955, aunque el número de delitos y faltas cometidos por jóvenes de entre 14 y 17 años cayó un 6,27%. Y ha destacado un dato preocupante: la violencia doméstica y de género cometida por menores aumentó un 50% entre 2010 y 2011.

Calparsoro ha considerado necesaria la elaboración de “un protocolo de intervención de las autoridades educativas, de salud, de los servicios de protección de menores y de la fiscalía” para constatar y derivar a los servicios especializados distintas patologías.