Villalonga asegura que los trabajadores de Macsa “le forzaron a hacer un ERE”

El delegado municipal de Las Artes pidió poderes excepcionales para despedir a nueve empleados en represalia por una protesta sindical autorizada y fue rectificado por la alcaldesa

Tras varias intervenciones enérgicas lo largo de la mañana, en las que no ha ahorrado calificativos hacia la oposición (a la que ha llegado a comparar con el dúo humorístico Martes y 13), el delegado municipal de Las Artes, Fernando Villalonga (PP), ha comparecido a petición propia ante el pleno municipal a primera hora de la tarde para explicar por qué solicitó poderes excepcionales para despedir a nueve trabajadores de forma fulminante en represalia por una protesta sindical autorizada, despido que tuvo que ser rectificado por la propia alcaldesa, Ana Botella (PP). Ha calificado de irresponsable y anticonstitucional la actitud de los sindicatos, ha asegurado que se incumplió la ley de huelga, pero no ha detallado por qué entonces corrigió su decisión inicial.

Macsa, la empresa que gestiona la cultura municipal, presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) el 22 de noviembre para 75 de sus 318 trabajadores. El acuerdo final, tras un mes de negociaciones y huelgas, se cerró con 39 traslados y cinco bajas voluntarias. Villalonga ha calificado hoy ese ERE como "sui generis", en comparacion con otros como el que ha hecho la Comunidad de Madrid (PP) en Telemadrid. Ha añadido además que el Ayuntamiento "se vio obligado a iniciarlo a voluntad de los trabajadores". "Nos forzaron", ha reiterado después.

Durante la negociación del ERE, los sindicatos convocaron varios paros parciales en tres centros de Madrid (los teatros Español y Fernán Gómez, y el circo Price). El 15 de diciembre, una treintena de trabajadores subió al escenario del Fernán Gómez para leer un manifiesto antes de un espectáculo de gospel, para denunciar que el director del teatro había contratado a personal externo para reventar la huelga, y había ordenado a los técnicos de sonido que dejaran en marcha la compleja maquinaria el día anterior. Lo primero fue negado por el Ayuntamiento; lo segundo, lo admitió. Hoy, Villalonga ha señalado que, a su juicio, la protesta "carecía de legitimidad y de fundamento".

Parte del público (se habían vendido 304 entradas; Comisiones Obreras dice que se fueron 80 personas; el Ayuntamiento, 35) se levantó indignado y, entre aplausos de los trabajadores, exigió que se les reembolsara el dinero. En su carta de despido, firmada personalmente, Villalonga acusó a los trabajadores de causar “perjuicio económico” al Ayuntamiento, “al tener que devolver el importe de algunas entradas”, y "un serio perjuicio de imagen".

Según el delegado, la protesta no contaba con permiso del director del centro (se colaron, ha contado, por la puerta de atrás), una falta muy grave que merecía el despido disciplinario (sin indemnización). Puso como testigos al propio director, Miguel Munárriz, nombrado por el área municipal de Las Artes, y a un guardia de seguridad.

Pero Comisiones Obreras tiene pruebas de que la protesta contó con autorización de Munárriz, así que convocó una rueda de prensa para explicar el caso. Apenas unas horas antes de esa cita, bien entrada la noche del pasado día 13, y tras una conversación de Botella con el sindicato, Villalonga informó de que sustituiría los despidos por “tres días de suspensión de empleo y sueldo”.

Entre los trabajadores afectados estaban el presidente y el secretario del comité de empresa, y una delegada sindical; es por ello que Comisiones Obreras calificó la decisión de Villalonga de "venganza" fruto de "la soberbia y prepotencia" de Villalonga.

El líder municipal del sindicato, Pedro Delgado, recordó además que el director de los teatros de Madrid, Natalio Grueso, nombrado por Villalonga, ha sido imputado por un supuesto delito societario por su gestión anterior en la Fundación Niemeyer de Oviedo. Pese a ello, sigue en su cargo. Hoy, la concejal Patricia García ha señalado que "eso sí mancha el buen nombre del Ayuntamiento", y ha pedido su cese. Villalonga ha calificado sus palabras de "estrafalarias".

La concejal de Izquierda Unida Milagros Hernández ha tachado por su parte al Gobierno regional (PP) de "autoritario", criticando que se quiera arrogar incluso decidir qué debe ser motivo de huelga. La socialista Ana García d'Atri ha culpado del conflicto al "enorme ego" y "prepotencia" de Villalonga. "Nuestro carácter nos hace meternos en problemas, pero es nuestro orgullo el que nos mantiene en ellos", ha concluido, citando a Esopo.

Comisiones Obreras ha lamentado hoy mediante un comunicado "la enorme injusticia" de las represalias laborales contra los trabajadores. Siete de ellos han sido reincorporados a sus puestos de trabajo, tras la rectificación impuesta por Botella a Villalonga. Otros dos han decidido acudir a la justicia para que declare nulos sus despedidos.

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