La imputación de Crespo desbarata la estrategia de CiU ante la corrupción

Muchos diputados estuvieron ayer más pendientes del móvil que de los oradores en el debate sobre medidas anticorrupción que se celebraba en el Parlament. Mientras Artur Mas enumeraba las 50 medidas anticorrupción que lleva impulsando desde hace semanas para combatir el fraude en la Administración, Twitter y los mensajes de whatsapp dibujaban una realidad de lo más cruda: el registro de los domicilios y la detención de los exresponsables del Institut Català de la Salut y del Servei Català de la Salut, Josep Prat y Carles Manté, respectivamente. Y, más tarde, la imputación del diputado de CiU, Xavier Crespo, quien siguió el pleno cómodamente sentado en su escaño. Los acontecimientos desbarataron, una vez más, los planes de Mas para salir al paso de los casos de corrupción que acechan a CiU (caso de las ITV; caso Clotilde, caso Manga, caso Palau) aunque también, pero en menor medida, al PSC (caso Mercurio).

La imputación de Crespo ha llegado antes de que Mas haya conseguido impulsar el gran acuerdo político que buscaba para que los cargos públicos imputados no tengan que dimitir mientras no se fije fecha para el juicio. Además, los nacionalistas sospechan que pueda consumarse de forma inminente la imputación del número dos del partido, Oriol Pujol, por tráfico de influencias en el caso de las ITV y que, pese a todo, actuó de portavoz de CiU en el debate. El pleno anticorrupción de ayer estuvo marcado por estos casos, pero también resultó relevante la nula atención que Artur Mas prestó al escándalo de los casos de espionaje político que han salido a la luz pública las últimas semanas.

Mas insistió en presentarse como una garantía de regeneración democrática. Y en su primera intervención ya dejó claro que rechaza que los políticos imputados deban dimitir automáticamente. “Si los cargos salpicados por casos de corrupción tienen que dejar sus responsabilidades a la primera, se dará “un poder inmenso a gente que no ha pasado por las urnas”, dijo en alusión a los jueces. Mas preparó el terreno para que el jefe del grupo de CiU, Oriol Pujol, no dimita si es imputado. Pero este dejó bastante claro que sí lo hará: “Más me vale la injusticia, incluso conmigo mismo, que no hacer nada. (...) Que nadie se esconda detrás de la bandera, yo tampoco”, dijo.

Toda la oposición, salvo Esquerra y el Partit dels Socialistes, cargó en la sesión contra la batería de medidas de Mas a quien invitaron, desde el Partido Popular a la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), a pasar a la acción y hacer limpieza “en casa” en alusión a los numerosos casos de irregularidades que asaltan a las filas convergentes. Enric Millo, portavoz popular, se jactó de que en su partido en Cataluña no ha hay ningún cargo imputado. “Su objetivo es limpiar a CiU de los casos de corrupción que le envuelven”, espetó Millo, en su día imputado por el caso Pallerols cuando era militante de Unió aunque luego fue exculpado. El ecosocialista Joan Herrera señaló que no era momento de hacer “cambios cosméticos, sino de cambiarlo todo” e invitó a todos los grupos a votar hoy a favor de la moción que hoy presentará Iniciativa para luchar contra la corrupción. Albert Rivera, de Ciutadans, rechazó que haya una “amnistía” para salvar a los corruptos y acusó a Mas de presentarse como un adalid de la transparencia cuando tiene los pies de barro por el embargo de la sede de Convergència por el caso Palau. Y David Fernández, de la CUP, retó a Mas a repasar a los políticos que conoce salpicados por casos que han acabado en los tribunales y deploró las complicidades que han permitido las irregularidades.

Mas vuelve a rechazar que los políticos imputados deban dimitir de entrada

Por contra, Oriol Junqueras, de ERC, celebró la iniciativa y avisó de una premisa: que la efectividad del programa tiene que pasar por la ética política. Pere Navarro, líder del PSC, presentó su propio decálogo anticorrupción y acogió de buen grado la hoja de ruta de Mas, inspirada en el reglamento del Parlament: que un diputado pueda ser suspendido de sus derechos y deberes solo cuando es procesado o llevado a juicio. CiU y PSC van ese punto del brazo y no quieren que renuncien los políticos imputados porque, dicen, eso solo quiere decir que están siendo investigados por un juez. “En ese punto nos encontrará”, afirmó el socialista en cuyas filas tiene como imputados a Manuel Bustos, que renunció a la alcaldía de Sabadell pero que sigue siendo edil y diputado provincial, y el diputado al Parlament, Daniel Fernández, que podría ser imputado, también por el caso Mercurio. Los dos partidos coinciden en contemplar que se pueda restituir un político que sea exculpado o absuelto y obligar a los medios de comunicación a reparar su imagen dañada.