Los bienes decomisados a Pelopincho se devalúan en cinco millones

En cinco millones de euros estiman los peritos que se ha depreciado el patrimonio embargado a José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, el narcotraficante prófugo de la justicia que dio origen a la Operación Cormorán contra el blanqueo que desarrolló la Guardia Civil en 2005. El último y definitivo informe pericial con esta depauperada tasación llegó hace unos días a la Fiscalía de Pontevedra, que ya ha remitido el dictamen al Plan Nacional sobre Drogas para proceder a la venta de los bienes.

La devaluación de los millonarios embargos en el que fue el primer macroproceso judicial contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Galicia era algo previsible para los jueces y fiscales que se hicieron cargo de la causa durante los siete años que duró la instrucción, dirigida desde el juzgado pontevedrés de Caldas de Reis. Muy críticos con la falta de medios para preservar todo este patrimonio de la ruina, los responsables de la investigación reclamaron una y otra vez medidas urgentes como la venta anticipada de bienes y una administración judicial para salvar el lujoso mobiliario de los ocho chalés y 23 viviendas habitadas, de los cuales el juzgado nunca tuvo la custodia de las llaves, o evitar que los 21 vehículos embargados no acabasen en la chatarra.

Los 130 embargos ordenados por el juzgado fueron valorados en 15.540.212 millones de euros, la mayoría edificios, pisos, fincas, locales comerciales y negocios como restaurantes, hoteles, pubs y mesones en las provincias de Pontevedra y A Coruña. Pero en el peritaje final, ocho años después de la intervención y por los efectos añadidos de la crisis inmobiliaria, los activos decomisados se han valorado en 10.629.708 millones de euros. De la minuciosa tasación hecha por un solo perito judicial, por falta de presupuesto, llama la atención que el precio de 12 de los vehículos incautados, la mitad de la marca Audi, es de cero euros, cuando su inicial valoración fue de entre 36.000 y 18.000 euros. Las fotografías que ilustran el extenso informe pericial correspondiente a cada uno de los efectos intervenidos muestran el estado en que han quedado los que irán a la chatarra, en algunos casos con el motor o la carrocería completamente oxidados.

La devaluación de los bienes de Pelopincho, la mayor parte a nombre de testaferros, radica en la falta de instrumentos legales para que la justicia pueda administrarlos sin pérdidas. Las cuantiosas deudas acumuladas a comunidades de vecinos o de propietarios en centros comerciales así como impuestos y tasas municipales tendrá que saldarlos ahora el propio Estado con la venta de inmuebles. Los fiscales encargados de causas de narcotráfico y blanqueo de dinero han exigido más medios y competencias para evitar estas millonarias pérdidas económicas y que las costosas y complejas administraciones de los bienes que tienen que asumir juzgados ya desbordados de trabajo puedan afrontarse con una acción coordinada desde la Fiscalía Superior de Galicia.

Además de un depósito general de los bienes perecederos, los responsables de estas investigaciones reclaman desde hace años que sea el Plan Nacional sobre Drogas el que asuma las competencias de la administración de patrimonios, al contar con los medios económicos necesarios para ello y teniendo en cuenta que los beneficios revierten en las políticas sociales para drogodependientes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya diseñó fórmulas para la incautación de bienes a narcotraficantes, en coordinación con varios ministerios, aunque en la práctica sigue habiendo evidentes dificultades para proceder a la venta anticipada a causa, sobre todo, de la lentitud de la propia administración de justicia.