El Parlamento aprueba los Presupuestos para 2013
El PP defiende que son las cuentas más sociales de la historia y la oposición en pleno exige un cambio de modelo
De las 1.066 enmiendas que los tres partidos de la oposición presentaron a las cuentas, el Partido Popular aprobó tres. Hasta ahí llegan los consensos en el Parlamento gallego que ayer ratificó el Presupuesto para 2013: 8.479 millones de euros, un 2,5% menos que en el ejercicio anterior. Tanto la Xunta como los dirigentes populares han repetido durante este último mes y medio que son “las cuentas más sociales” de la historia de Galicia. Aluden al peso relativo (el 77% del total) que tiene la Sanidad, la Edudación y los Servicios Sociales que sin embargo dispondrán de menos dinero que el año pasado.
La oposición ha cargado con dureza contra la filosofía general de las cuentas y han acentuado las críticas sobre la reducción en el capítulo de las políticas activas de empleo que pierden un 40% de los fondos, justo en el momento en que las listas del Inem suman 300.000 parados en Galicia. Tanto los socialistas, como el Bloque y sobre todo Alternativa Galega de Esquerda, han lamentado que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, persista en su idea de la austeridad total sin reparar en las consecuencias que tienen para el PIB y el empleo.
El Partido Popular repite que Galicia está mejor preparada para salir de la crisis, que es la comunidad que menos intereses paga por su deuda y que queda menos para apostar por el crecimiento. De momento, lo que hay pintado en las cuentas es un plan que sale de sumar las inversiones que cada año realiza la Xunta, sin ningún estímulo nuevo. De entre los escasos acuerdos alcanzados con el PSdeG (Feijóo siempre dirige a los socialistas sus ofertas de pacto y ya da por imposible cualquier entendimiento con BNG y AGE) figura un incremento del impuesto de patrimonio para las rentas más altas (aquellas que suman más de 700.000 euros en bienes sin contar la vivienda habitual) y otra enmienda pactada a última hora para que la Xunta invierta cinco millones de euros en el dique flotante de Ferrol. La plataforma para que los astilleros desocupados puedan dedicarse a la reparación de buques cuesta aproximadamente 170 millones y espera por una financiación del Gobierno central que no va a llegar a corto plazo.
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