El PP también apoya la tasa a los cajeros automáticos en Barcelona

El hecho de que Barcelona no tenga Presupuestos para 2013 no impide que pueda haber acuerdos de ciudad. Alberto Fernández Díaz, el líder del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, ha aplicado esa doctrina para explicar por qué puede aprobar determinados proyectos del Gobierno de Xavier Trias (CiU) sin necesidad de respaldar sus cuentas. Fernández Díaz confirmó ayer que los dos partidos mantienen “diálogos” para llegar a pactos puntuales sobre inversiones. El PP, de hecho, adelantó que también apoyará la imposición de dos nuevas tasas que CiU incluyó el año pasado en su proyecto de Ordenanzas Fiscales: una para los 600 cajeros automáticos que hay en la capital catalana y otra para las segundas pruebas positivas de alcoholemia.

Los dos proyectos serán debatidos en la próxima Comisión de Economía, el 6 de marzo y, si no hay problemas en la tramitación, podrían comenzar a aplicarse en junio. En el proyecto de Ordenanzas Fiscales, CiU proponía que los bancos que tienen cajeros en líneas de fachada y accesibles desde la vía pública pagaran entre 106 y 531 euros por año. El PP no entró a este nivel de detalle pero aseguró que podrían recaudar unos 200.000 euros anuales. “La tasa sería diferenciada: no es lo mismo un cajero en paseo de Gràcia que uno en Verdum”, explicó Fernández Díaz.

Los ingresos de esta tasa, que se aplica en otras ciudades catalanas, se podrían destinar, según el PP, para apoyar a las familias afectadas por los desahucios. La idea de partió de Iniciativa en 2011 cuando pidió a Trias que impusiera ese tributo. CiU aceptó la propuesta y la incluyó en las Ordenanzas Fiscales. Los ecosocialistas consideraron que la tasa era muy baja.

La otra tasa gravaría el segundo test de drogas y alcohol. Es decir, solo la pagará el ciudadano que exija un segundo control y que confirme positivo del primer test de la Guardia Urbana. Según el PP, en Barcelona se realizan unas 10.500 segundas pruebas de alcoholemia y unos 970 segundos test de drogas (drogotest) cada año. Y cuestan 250 y 300 euros respectivamente. Fernández Díaz calcula que esta tasa —el ciudadano pagará un 90% de la prueba— aportaría 2,6 millones de euros anuales a las arcas municipales. Este dinero se destinaría a reforzar las políticas educativas de seguridad vial o, por ejemplo, a la supresión de puntos negros en las calles de la ciudad.

“Estas dos tasas demuestran que puede haber política fiscal más allá de las Ordenanzas”, aseguró Fernández Díaz. La dirección popular insiste en que no aprobará las cuentas de Trias, que actualmente se encuentran prorrogadas. La principal razón es que consideran incoherente respaldar financieramente una hoja de ruta de mandato que CiU ha pactado con el Partit dels Socialistes.

Sin embargo, no descartan, como tampoco lo hace el PSC, llegar a pactos sobre paquetes puntuales de inversión. Fernández Díaz aspira a poder incidir este año en el plan de inversiones en los barrios y en políticas sociales. El PP no descarta que estos acuerdos esporádicos logren concretarse antes de la próxima semana cuando se celebran las comisiones previas al Pleno. Sobre Trias pesa ahora una posible cuestión de confianza. El alcalde tiene que intentar aprobar sus cuentas en esa sesión y, si no lo logra, ha de plantear su aprobación vinculada a una cuestión de confianza.