La fiscalía se querella contra Matas y Solà por el “expolio” de la ACM

Si se trata de vaciar las arcas de una institución, parece que lo ideal es hacerlo en pareja. A su escala, pero al fin y al cabo en la línea de Millet y Montull con el Palau, también Josep Maria Matas y Xavier Solà, ambos de CiU, acometieron, presuntamente, el “expolio” de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), ente municipalista ligado a CiU. La fiscalía anticorrupción se ha querellado contra Matas —excoordinador general de la Diputación de Barcelona y secretario general de la ACM hasta 2011— y Solà —que fue jefe de los servicios jurídicos del ente y número dos de Cultura en la anterior legislatura— por malversación de fondos públicos.

Tras una investigación de 10 meses, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled acusa a Matas de “aprovechar su mando” en la ACM para “desviar de forma continuada fondos a su bolsillo”. El “expolio”, según el fiscal, le sirvió para adquirir “un significativo patrimonio inmobiliario” y para comprar “vehículos de alta gama”. También se llevó su parte Solà, que gracias al saqueo pudo “pagar una segunda residencia en Cadaqués”, recoge la querella.

Matas, que como Millet llevaba la voz cantante y tenía un poder “omnímodo” sobre las cuentas de la ACM, se valió de empresas “instrumentales” para perpetrar el fraude, como avanzó EL PAÍS. En especial, de Parés i Solé, SL, que pasó a controlar en 2005 a través de un testaferro, el querellado Ramon Grau. El 71% de sus ingresos provenían de la ACM: en cuatro años (hasta 2009), facturó al ente 849.042 por una serie de servicios: revistas de prensa; encuadernación de directorios; publicación de libros y manuales. La empresa, en realidad, no prestó ninguno de esos servicios. Matas pedía a los proveedores reales que girasen las facturas, no a la ACM, sino a Parés i Solé. Después, “incrementaba ilícitamente el precio” y se lucraba personalmente con “la diferencia” entre ambas cantidades. Con ese método se apropió de 476.000 euros de la ACM. El fiscal reprocha que la entidad “no conserve la documentación” de 2005 y 2006.

Fue la primera forma del expolio, que más tarde se “sofisticó” con un “mecanismo triangular”. A través de otra empresa instrumental (Tresserres Imatges), Matas facturó diversas cantidades a la ACM por “servicios absolutamente inexistentes”. Le ayudó en esa tarea otro de los querellados, su primo Lluís Tresserres Matas. El fiscal admite la dificultad de probar esas irregularidades por la “documentación fragmentaria”, aunque concluye que al menos cuatro facturas de 2009 son por servicios inexistentes.

La Generalitat concedió una subvención de 60.000 euros a la ACM para editar manuales. Matas “simuló contratar” a la empresa de su primo, que emitió facturas por 81.160 euros. El ex secretario general presentó esas facturas ante Gobernación para recabar una parte de la subvención que estaba pendiente de pago. Lo cierto es que los manuales “nunca fueron diseñados, editados ni publicados” por la ACM. Solà, “amigo de Matas” y ligado a él “por vínculos societarios”, se incorporó al “expolio” con un convenio de colaboración entre la Generalitat y la ACM.

El ente se comprometió a ayudar a sus Ayuntamientos asociados a elaborar un catálogo para recoger las masías y casas rurales de interés arquitectónico. Entre 2005 y 2010, el Departamento de Política Territorial llegó a aportar 1,3 millones a ese fin. Y Matas y el exjefe de servicios jurídicos “abusaron de sus cargos y facultades” para lucrarse.

El mecanismo para desviar fondos fue, de nuevo, recurrir a empresas instrumentales. El trabajo real lo hicieron los Ayuntamientos y la propia ACM. Matas y Solà solo cobraron. Y por turnos. En 2008, la empresa de Matas presentó sus facturas por catálogos de masías por un total de 214.771 euros. Al año siguiente lo hizo la de Solà, Esports i Lleure SAU, SL, por 189.912 euros. Lo curioso es que las facturas se giraron apenas dos semanas después de que Solà hubiera adquirido esa sociedad inactiva. Todo ello sirvió para “enmascarar el puro y simple expolio de los fondos de la entidad municipalista”. “Convencidos de su impunidad”, remacha el fiscal, “ni siquiera pusieron especial cuidado en el reparto de municipios”: de los 137 catálogos cobrados, 22 están repetidos.

En 2010, Matas dejó de usar las sociedades pantalla, pero, para seguir enriqueciéndose, pasó a “autoconcederse una retribución laboral desproporcionada” sin que lo supieran los órganos de control de la ACM. “Hacía y deshacía a su antojo”, describe Sánchez Ulled. Ese año cobró 273.800 euros, un sueldo “equivalente a la de un secretario general de la Generalitat”.

Ante los diputados, se escudó en que la revelación de los negocios fue “una persecución”

Además de los fondos de la ACM, Matas y Solà se lucraron a través de la Fundación Privada de Vivienda Pública de Cataluña (FPHP), creada por el ente para “garantizar el acceso a la vivienda”. Ambos tenían el control de la entidad y vieron una oportunidad de hacer negocio al ser “privilegiados conocedores de las promociones inmobiliarias”. En concreto, facturaron a través de una empresa creada ad hoc (Procomu Habitatge, SL) 94.981 euros en 2010 por una promoción de 18 viviendas sociales en Vic, donde Solà era concejal de Urbanismo. Las obras se pararon y “todo resultó un desastre”, según el fiscal. La ACM tuvo que pagar 400.000 euros a la Fundación por las pérdidas de la promoción fallida.

El fiscal argumenta que, por su naturaleza jurídica y por “los fondos que maneja”, la ACM es una entidad pública. Además de malversación, el fiscal acusa a Matas y Solà de falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Los negocios que tuvo Solà con la ACM han mermado su carrera política. El consejero de Cultura, Ferran Mascarell, lo mantuvo como secretario general durante la pasada legislatura, pero ha prescindido de él al iniciar su segundo mandato. Tenía reservado para Solà la dirección del Liceo, pero la querella de la fiscalía pone en cuarentena esta decisión del consejero.

Solà solo dio explicaciones de sus negocios ante el Parlament y forzado por la oposición. Ante los diputados, se escudó en que la revelación de los negocios fue “una persecución”. “Aquí se ha ido a destruir una persona”, denunció, y apostilló: “No me he enriquecido con mis cargos públicos”. Si Solà se enrocó en su cargo, diferente actitud tomó Josep Maria Matas, que dimitió como coordinador general de la Diputación de Barcelona y devolvió algunas de las cantidades distraídas, sin que eso signifique que asuma su culpabilidad.