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La Generalitat restará a los funcionarios media paga de junio y media de Navidad

El descuento supone el 6% de la retribución anual y permitirá un ahorro de 370 millones de euros Una docena de sindicalistas se encierran en el área de Función Pública en señal de protesta

Confirmado. La Generalitat eliminará una de las pagas extras de los empleados públicos: 230.000 personas si se cuentan los departamentos y las empresas públicas, a las que se descontará media paga extra de junio y media de la de Navidad. El descuento, que viene a ser entre un 6% y un 7% de la retribución anual, supondrá un ahorro de 370 millones de euros para las arcas públicas. Un recortes que ya sufrieron el año pasado, primero por iniciativa del ejecutivo de CiU y posteriormente del Gobierno central (de manera que la Generalitat tuvo que devolver el primer importe descontado), y al del año 2011 con los socialistas en La Moncloa.

La oposición arremete contra la supresión

La oposición en bloque ha criticado la decisión de suprimir una paga extra a los trabajadores públicos. La mayoría, además, ha coincidido en remarcar que se deberían aprobar los Presupuestos antes de anunciar una medida de ese calado. Esquerra ha anunciado que sus diputados no cobraran la paga “en solidaridad”. La portavoz, Marta Rovira, ha explicado que para que su partido pudiera apoyar estas medidas deberían ser de aplicación progresiva y que los trabajadores con sueldos más bajos se librarán del recorte.

Rovira ha destacado que, si se realizan más recortes, se deben acompañar de un plan de “optimización y racionalización” de la Administración, que, según ha dicho, debería incluir la supresión del complemento de dedicación especial –los funcionarios no podrían trabajar 40 horas sino 37 y media-. También ha pedido que se supriman todas las dietas que cobran los cargos públicos por asistir a consejos de administración de la Generalitat y que se establezca un tope salarial para los funcionarios que no sobrepase el sueldo equivalente a un subdirector general.

El portavoz del PSC, Maurici Lucena, ha comentado que la supresión es “infumable des del punto de vista procedimental” ya que se debería discutir con los Presupuestos ya aprobados. En este último punto ha coincidido con el popular Enric Millo, quien ha vaticinado que el gobierno “ha declarado la guerra a los funcionarios”. El ecosocialista Joan Mena ha afirmado que el ejecutivo “ataca” a los servicios públicos mediante el recorte de los derechos de sus trabajadores. Y el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, ha definido el acto como “una agresión” a la función pública que ha contado con el “apoyo de ERC”.

La más que rumoreada y advertida (pero todavía no confirmada oficialmente) medida de volver a eliminar una paga de los empleados públicos ha sido confirmada este mediodía en el marco de la Mesa General de Función Pública, que reúne a los responsables del área en de la Generalitat y los sindicatos. Al dar por finalizada la Mesa de esta mañana, una docena de sindicalistas se han negado a abandonarla en señal de protesta. Exigen cifras concretas que justifiquen el texto que, con toda probabilidad, aprobará mañana el Gobierno catalán en su reunión semanal sobre el recorte de la paga. Entre esta documentación piden la liquidación de 2012, la previsión de ingresos de 2013, la partida de personal o los préstamos de la Generalitat. Para mañana han convocado protestas en las puertas de los centros de trabajo. Mientras, un centenar de delegados cortan durante esta tarde la Via Laietana.

"No es de recibo que se apruebe esta medida sin tener presupuestos, sería una medida unilateral", asegura el coordinador del Área Pública de CC OO, Xesús González desde las dependencias de Función Pública. Su homólogo en UGT, Xavier Casas, ha tachado al ejecutivo catalán de "prepotente como el en anterior, que se ha presentado  diciendo 'esto es lo que hay', lo que demuestra una falta absoluta de voluntad negociadora". Luís Blanco, de IAC, ha recordado que los empleados públicos han perdido el 30% del salario en tres años, "el 40% en el caso de los interinos".

La eliminación de la paga extra constituye el grueso del ahorro que persigue el ejecutivo catalán: 740 millones de euros. "El mismo ahorro que en 2012", llevan semanas repitiendo los responsables del ejecutivo. Al resto del ahorro se llegará con el paquete de medidas implantadas el año pasado. Algunas son de carácter temporal, como la reducción de un 15% de jornada y sueldo impuesta a 6.700 interinos de administración o la congelación de la aportación al fondo de pensiones; y otras de carácter definitivo, como la reducción de moscosos o la eliminación del tique comedor.

Si la temida retirada de la paga está en el plato de las pérdidas de la balanza, en el de las ganancias está el acuerdo (con carácter retroactivo desde octubre pasado) por el que la administración pagará el 100% del salario a los trabajadores que estén de baja por intervención quirúrgica o enfermedad oncológica.

Los sindicatos han esgrimido hoy como argumento para oponerse al recorte que las entre 6.000 y 7.0000 personas de las que la Generalitat ha prescindido en los últimos dos años ya suponen un ahorro de 175 millones de euros anuales (un cálculo redondo fruto de multiplicar el sueldo medio de 25.000 euros por 7.000 personas). Por su parte, la Generalitat, a través de un comunicado, justifica la retirada por segundo año consecutivo de una paga por la "la situación presupuestaria de la Generalitat como consecuencia  de los incumplimientos del Gobierno del Estado, así como las obligaciones de hacer frente a la deuda, se ha informado a los sindicatos de la necesidad de que el Govern acuerde mañana reducir la retribución anual de los empleados públicos en la misma cuantía que en los presupuestos de 2012". La parte del salario que la Generalitat dejará de pagar a sus empleados no es estrictamente una paga extra (algo que solo puede tocar Madrid porque depende del Estatuto de la función pública) sino complementos o partes de la retribución que dependen de la administración catalana.

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