Competencia avisa que Cataluña destruye más comercios que el resto de España

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha emitido un informe en el que carga contra la normativa comercial catalana por su “carácter intervencionista” y aboga por una “regulación comercial flexible” que no introduzca “obstáculos” a la actividad económica, sobre todo en un momento de crisis. En el informe, el organismo vinculado con el Departamento de Economía y Conocimiento concluye que, en contra de lo que defiende el Ejecutivo catalán y las patronales de comerciantes, la evolución del “canal tradicional ha sido más negativa” en Cataluña que en el conjunto de España y que en comunidades con normativas “menos restrictivas”.

En concreto, según la ACCO, entre 2003 y 2009 el número de actividades del comercio tradicional descendió en Cataluña el 18,15% —casi igual que la media española—, mientras que la superficie de venta cayó el 24,86% —por encima de la media, del 20,81%— y el volumen de autónomos del sector se desplomó el 36,7%, cuando en toda España lo hizo el 27,1%. En comunidades con una legislación menos restrictiva, como Madrid, el descenso fue incluso menor.

Pero además, el organismo critica que la falta de competencia implique que los tenderos tradicionales pierdan incentivos para ponerse al día. “La supervivencia del comercio tradicional depende precisamente de su capacidad para modernizarse y especializarse en ámbitos en los que se pueda diferenciar y resultar competitivo”, señala la ACCO.

El informe examina los efectos de las leyes aprobadas en Cataluña en el periodo comprendido entre 1997 y 2012. Competencia recuerda que varios organismos nacionales e internacionales —desde el Banco de España al Fondo Monetario Internacional— han cargado contra la legislación autonómica por su “carácter injustificadamente restrictivo”, que reduce la “competitividad” de la economía.

La ACCO advierte, no obstante, de que la ley favorece que haya “especulación” con la transmisión de licencias. El organismo lo explica señalando que muchas empresas que se topan con obstáculos para instalarse en Cataluña porque es costoso conseguir una licencia “optan por comprar las de establecimientos ya implantados” y alerta de que en los últimos años el precio de muchas compraventas no se corresponde al valor del inmueble ni del fondo de comercio, sino de la licencia. La ACCO, por último, también carga contra la normativa al considerar que dificulta la creación de empleo y la inversión y provoca una inflación más elevada.