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El ‘caso Brugal’ consagra el mito de ‘La Vega siciliana’, según Los Verdes

Los Verdes de Torrevieja repasan los numerosos escándalos de corrupción política en Alicante

Alcaldes de cinco municipios de La Vega Baja están encausados por diferentes causas

Hace más de 20 años, un reducido grupo de personas de Torrevieja y de Orihuela, medio en broma o medio en serio, empezó a acuñar la expresión de "La Vega siciliana" para referirse a las tramas político-empresariales que operaban en la comarca más meridional de la Comunidad Valenciana en busca de beneficios rápidos. Años más tarde, aquella idea se ha visto confirmada por los numerosos escándalos de corrupción que salpican a alcaldes y políticos de la zona. 

Los Verdes de Torrevieja han emitido un comunicado en el que consideran que el "plato fuerte" está por llegar dentro del caso Brugal, donde se están investigando hasta 17 tramas de corrupción distintas. Este caso, que se extiende por toda la provincia de Alicante y tiene ramificaciones en algunos municipios de Murcia, salpica de lleno a los responsables políticos de varios municipios de La Vega Baja. Entre ellos, figuran los exalcaldes de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente, el alcalde de Callosa de Segura Javier Pérez, los alcaldes de Algorfa, Jacarilla y Rafal, y concejales de Bigastro, Pilar de la Horadada, Cox y Albatera.

Los Verdes de Torrevieja sostienen que los beneficios de estas supuestas tramas se obtuvieron "a costa de recalificaciones urbanísticas y  tráfico de influencias en la concesión de servicios y obras públicas".

Los Verdes recuerdan que "desde esas poderosas tramas corruptas -que controlaban y aún controlan diversos medios de comunicación locales y comarcales y contaban con el apoyo electoral de miles de votantes que pensaban que la corrupción no iba con ellos-, se empleó la artillería pesada para intentar aplastar a los pocos discrepantes".

Este grupo político destaca que "pese a la lentitud con la que hasta la fecha ha venido actuando la Justicia, ya son cinco los alcaldes enjuiciados por corrupción en la Vega Baja". Los grandes partidos mayoritarios PP y PSOE los que acumulan un mayor número de escándalos, y en especial el PP que, según Los Verdes, "durante años han estado haciendo oídos sordos a las denuncias de corrupción hacia sus miembros, les han vuelto a poner en las listas electorales e incluso les han blindado judicialmente dándoles de condición de aforados al favorecer que salieran elegidos como diputados autonómicos".

Los Verdes instan a los partidos que albergan todavía a imputados o enjuiciados en sus listas electorales a "recuperar algo su credibilidad perdida" depurando a los corruptos de sus propias filas y "denunciando el juzgado a sus afiliados y cargos públicos sospechosos de corrupción".

Alcaldes encausados

Luis Fernando Cartagena (PP), ex-alcalde de Orihuela y ex-conseller de Obras Públicas y Urbanismo de la Generalitat Valenciana, fue denunciado en 1997 y condenado en marzo de 2002 a cuatro años de prisión por malversación de caudales públicos y falsedad documental. También se vio envuelto en el Caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander y otros escándalos de corrupción urbanística y de tráfico de influencias.

Antonio Luis Meroño (PP), ex-alcalde de Dolores fue condenado en julio de 2002 a seis meses de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos por pagar con la Visa municipal dos facturas en un club de alterne en 1998, lugar que frecuentaba para cerrar los tratos.

José Joaquín Moyá (PSOE), ex-alcalde de Bigastro, fue detenido por corrupción urbanística en 2008, permaneciendo varios meses en la cárcel, y condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación en septiembre de 2012 en el caso de la subasta de fincas de La Pedrera. Tiene otras muchas causas judiciales pendientes.

Pedro A. Hernández Mateo (PP), ex-alcalde de Torrevieja y ya ex-diputado en las Cortes Valencianas, fue condenado el 30-11-12 a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación millonaria del servicio municipal de recogida de basuras en 2004 por más de 134 millones de Euros, todo ello gracias a la denuncia y querella criminal tramitada por Los Verdes. Tiene otras causas judiciales abiertas, entre ellas la del supuesto delito de tráfico de influencias, relacionado con la plusvalía que supuestamente obtuvo con la compraventa de una finca rústica en Almoradí que le reportó un beneficio exprés de más de cinco millones de euros.

Trinidad Jiménez (PSOE), ex-alcaldesa de San Fulgencio, fue detenida junto a varios miembros de su equipo de gobierno en octubre de 2008 en medio de una rocambolesca historia de sobornos y cobro de comisiones. Tras la apertura de juicio oral decretado por un juzgado de Orihuela en diciembre de 2012, serán procesados por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio y prevaricación.

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