Los cambios del Consell en los entes consultivos no se justifican por el ahorro

El Consejo Económico y Social (CES) asegura que los cambios legales que impulsa el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, en los órganos consultivos de la Generalitat no están justificados por el ahorro de dinero. El CES remitió el viernes pasado al Consell los dictámenes sobre los proyectos de ley para reformar el propio Consejo Económico y Social, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el Consell Valencià de Cultura (CVC) y el Consell Jurídic Consultiu (CJC).

En estos dictámenes se invita a suprimir la justificación, expresada en la exposición de motivos, referida a la actual situación de “prolongada crisis económica”, ya que aluden a una situación coyuntural y con el paso del tiempo estos párrafos podían devenir en inoperantes. Advierte, asimismo, que la reducción del número de miembros que integran estos órganos “no supone necesariamente la reducción presupuestaria que se pretende, ajustada a los principios de austeridad y eficacia perseguidos por el Consell”. En el caso del CJC, el dictamen llega al extremo de afirmar que, para reducir de seis a cinco los integrantes de este organismo, “parece innecesario acometer una reforma de ley con ese único objetivo”.

El CES insta al Gobierno valenciano a adoptar “otras medidas económicas, encaminadas a racionalizar y adecuar las partidas de gasto de funcionamiento dentro de los presupuestos de las propias instituciones valencianas”. Entre ellas, se considera “oportuno y necesario homogeneizar las condiciones laborales del personal al servicio de estas instituciones”.

Además de los respectivos dictámenes sobre los cuatro proyectos de ley del Consell, el CES ha elaborado a iniciativa propia un informe en el que recuerda que las cuatro instituciones consultivas de la Generalitat han sufrido un recorte respecto al año pasado superior al 15% en las cuentas de 2013, “más del doble de lo que se ha aminorado el presupuesto de la Generalitat”.

El informe sobre el proyecto de ley del CVC pide que no puedan ser elegidos altos cargos del Consell

En estos informes, que no son vinculantes, el CES advierte también de que en las leyes de creación de estas instituciones consultivas “se recoge la voluntad del legislador de establecer la condición de inamovilidad a los miembros durante su mandato y que dicha voluntad puede entrar en contradicción con la redacción dada en las Disposiciones Transitorias de los diferentes Anteproyectos de Ley”. El dictamen sobre la Acadèmia Valenciana de la Llengua pone especial énfasis en este aspecto.

La intención del proyecto de ley impulsado por Serafín Castellano plantea poner el contador a cero y volver a elegir a los integrantes de la AVL una vez se apruebe el nuevo marco legal. Tanto en la Acadèmia Valenciana de la Llengua, y especialmente en el Consell Valencià de Cultura, el CES invita a mantener el actual número de integrantes con el objetivo de mantener la pluralidad, la diversidad territorial y la especialización, características que “van unidas al número”.

Respecto al Consell Valencià de Cultura, el informe considera que “más necesaria que nunca la existencia de un organismo consultivo fuerte, plural, respetado, con capacidad de intervenir en las materias que le son propias ante las dificultades económicas que atraviesan los diferentes sectores culturales y la ausencia de líneas estratégicas definidas en los ámbitos cultural y científico de la Comunidad Valenciana”. En este mismo dictamen, el Consejo Económico y Social alerta de que el Consell no haya incluido entre las incompatibilidades para formar parte de este órgano el ser alto cargo de la Generalitat. Una situación que, con la legislación actual, ha permitido a la directora del Ivan, Consuelo Ciscar, y el director de Castelló Cultural, Vicent Farnós, ser miembros del consejo que preside Santiago Grisolía.

Para sí mismo, el CES reclama la responsabilidad de emitir dictámenes de los decretos que desarrollen las leyes, y no sólo de éstas.

El Consell de la Generalitat necesita para aprobar los cambios en los entes consultivos de la Generalitat una mayoría cualificada, que obliga al PP a contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios.