Dos informes más ven ilegales las privatizaciones de agua en Huelva

Dos informes más señalan la presunta prevaricación e ilegalidad en los procedimientos que han derivado en la privatización de los servicios de agua en pueblos de Huelva. Un estudio confidencial de Cuatrecasas sobre el caso de Valverde del Camino considera “nulos” los acuerdos municipales de separación de Giahsa (la empresa pública instrumental de la mancomunidad provincial MAS), cuestiona la posterior adjudicación por la vía de emergencia y advierte que las actuaciones podrían ser constitutivas de delito de prevaricación. En la misma línea se pronuncia una propuesta de denuncia que ha sido elevada al consejo de administración de Giahsa, cuyo presidente, el alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez (PSOE), se negó a hablar.

El informe de Cuatrecasas, firmado por Francisco Hidalgo Álvarez y Eduardo Caruz Arcos, se concluyó un mes antes del adelantado este lunes por EL PAÍS y en el que el catedrático de Derecho Administrativo y exletrado del Tribunal Constitucional Javier Barnes califica de “manifiesta ilegalidad” la “operación diseñada” por los municipios para separarse de Giahsa y privatizar el servicio. “El grado de evidencia de esas ilegalidades —y de la orquestación de ese diseño— es tal que resulta sorprendente”, se afirma en este último informe, que también apunta a responsabilidades personales patrimoniales, por daños causados por dolo, negligencia o culpa, y penales, por supuesta prevaricación.

En el nuevo texto de Cuatrecasas se concluye que la separación de MAS en el caso de Valverde, cuya alcaldesa es la diputada autonómica del PP Dolores López, “no ha respetado los trámites esenciales del procedimiento” y considera “evidente la nulidad de pleno derecho” de la asamblea municipal que acordó la segregación.

También cuestiona el informe la adjudicación de emergencia de los mismos servicios que prestaba Giahsa a otra entidad privada. “No concurren las circunstancias excepcionales previstas en la legislación”, afirma el informe jurídico.

El texto de los letrados señala que “podrán resultar responsables y responder con su patrimonio” desde los miembros de la comisión que elaboró la memoria hasta los miembros del pleno que votaron la resolución.

“Tanto la omisión de los procedimientos” para la separación de MAS, “como la adjudicación” de los contratos de gestión “mediante el procedimiento de emergencia” podrían considerarse una actuación “manifiestamente arbitraria y, por tanto, subsumible supuestamente en el tipo del delito de prevaricación” para los miembros del pleno como para la alcaldesa, afirma el informe en sus decenas de conclusiones.

Además de contar con estos datos jurídicos, MAS elaboró otro informe propio que se incluyó en una propuesta de denuncia elevada al Consejo de Administración, pero que no se llegó a presentar. En este texto se ampliaban las responsabilidades a los alcaldes y concejales de Ayuntamientos que habían emulado los pasos de Valverde. En concreto se referían a Moguer, Lepe, Valverde del Camino, Almonte, Bollullos Par del Condado, Cartaya y San Juan del Puerto. El primero era del PP cuando se separó y los demás lo son o están gobernados por independientes, como Bollullos y Cartaya, con el apoyo popular. También incluye MAS a Aqualia y Fomento de Construcciones y Contratas como beneficiarias de las adjudicaciones posteriores del servicio.

Aqualia argumentó que, al igual que otras empresas de gestión de aguas, participa en las ofertas y concursos, pero no en los procedimientos de convocatoria y adjudicación. La empresa eludió aportar detalles sobre los servicios que contrata argumentando que no suele hablar de las entidades con las que trabaja.

La alcaldesa de Valverde, Dolores López, rehusó explicar o dar su opinión sobre las conclusiones de los tres informes, al igual que el presidente de la mancomunidad afectada por toda la crisis.