Diez años de ‘mobbing’ en el Raval

La vida sigue igual de mal en casa de María Pilar Salvador y sus dos hijas. La vivienda amenaza ruina y temen que “se desplome el techo” o se abra el suelo bajo sus pies “como ya ocurrió con el baño”. La mayoría de bigas están podridas, las tuberías supuran y el fuerte olor a humedad solo lo camuflan las ventanas abiertas en este piso de la calle d’en Robador, frente a la Filmoteca de Catalunya. El piso está en uno de los edificios del Raval de Barcelona en los que las maniobras de asedio inmobiliario —mobbing— comenzaron hace 10 años.

Maria Pilar acaba de cumplir 71 años y lleva 40 viviendo en la casa. Asunción y Ana María nacieron aquí. Las tres subsisten con la pensión de 631 euros de la madre, que trabajó de asistenta de hogar, “y de los ahorros de mis hijas”, hoy en paro. Duermen “como podemos” en la misma habitación, la que está mejor, aunque tiene profundas grietas. Como el resto de la vivienda. Llevan 10 años sufriendo acoso inmobiliario, desde que la “reforma de los desagües” convirtió su vida en un infierno. “Los cambiaron mal a propósito, para obligarnos a irnos, pero no lo van a conseguir”.

Amenazas, coacciones, intentos de desahucio, demandas, juicios de faltas, visitas de técnicos del Ayuntamiento y hasta de los bomberos se han sucedido en este piso de la calle d’en Robador para que todo siga tan mal (o peor) que cuando empezó el mobbing. Ellas siguen consignando en el juzgado los 56,40 euros del alquiler mensual de renta antigua. Y ya van 10 años. Luz, agua y la limpieza de la escalera “están al día”, pero “nadie arregla nada ni se responsabiliza de nada”, lamentan.

El distrito de Ciutat Vella incluyó la finca en el plan Dintres por “el mal estado en que se encuentra el edificio”. El objetivo, exigir al propietario su rehabilitación. El plan prevé, entre otras actuaciones, la posibilidad de ejecutar subsidiariamente las obras, además de sanciones, que pueden llegar a suponer el 90% del coste de las reformas. De los 85 edificios del plan, 14 ya han iniciado el proceso que culminará en su reforma. Ocho ya están en obras, tres esperan licencia y otros tres acaban el proyecto.

El Consitorio asegura que trabaja “desde hace meses” para “garantizar las condiciones de habitabilidad” de la finca. También tiene prevista la ejecución subsidiaria. Sin embargo, su estrategia choca contra un muro judicial, porque la propiedad de la finca está pendiente de un litigio. El inmueble acumula un largo historial de pleitos entre dos hermanos, Miquel y Salvador Boluda. El primero acusó al segundo de haberle robado en 2003 su parte del edificio, junto con otras 11 fincas que poseen en el barrio, mediante una falsificación notarial en un paraíso fiscal, la isla polinesia de Samoa.

En marzo de 2012 un juzgado mercantil de Barcelona le dio la razón, anulando los contratos privados de compraventa, aunque la sentencia podía ser recurrida. Este diario trató de contactar con Miquel Boluda, sin éxito. A Salvador, en paradero desconocido, el juez le declaró entonces en situación procesal de rebeldía, mientras otro tribunal ya había obligado a su empresa Sofic Investments a indemnizar a tres de los vecinos con 36.000 euros por acoso inmobiliario un par de años antes. En cualquier caso, asegura el Ayuntamiento, continua habiendo sentencias contradictorias respecto a la propiedad de la finca, que también han sido recurridas. Además, tiene cargas registrales por cinco millones de euros, “que dificultarían una posible expropiación”.

El embrollo judicial por la propiedad del edificio frenó también la investigación de la fiscalía que, a instancia municipal, debía investigar las denuncias por mobbing de los vecinos. Durante el tortuoso proceso algunos inquilinos solicitaron una vivienda de protección oficial. A dos les tocó. Mientras una mujer ya disfruta de su nueva vivienda en la calle de la Reina Amàlia, otra prefirió seguir en su casa de toda la vida. Una tercera se quedó sin: no tuvo suerte en el sorteo. Maria Pilar y sus hijas, que denunciaron el asedio y aseguran que también solicitaron un piso protegido a través del juzgado donde consignan el alquiler, no constan en el registro de la Oficina de Vivienda de Ciutat Vella, en el que debían inscribirse para optar al piso.

Diez años después algo ha cambiado en el número 33 de la calle d’en Robador. Hay portero con su propia y nueva garita de carpintería de aluminio, en una finca que llama la atención por su mal estado. Mientras algunos pisos han sido rehabilitados y se alquilan “por habitaciones” a extranjeros, Maria Pilar y sus hijas siguen esperando que alguien resuelva los problemas estructurales de la casa. En todo este tiempo solo han conseguido que cambiaran el mármol de la cocina y embaldosaran el suelo del baño “porque se desplomó”, dice Asunción. Pese a las pésimas condiciones de habitabilidad, se niegan a irse. “Eso jamás. Ya me dijeron una vez que era un hueso duro de roer”, cuenta María Pilar. Su respuesta es: “Roiga, roiga, que se quedará sin dientes”.