Cuando ocupar edificios nuevos vacíos ilegalmente es la única alternativa

“Papá, llama a la puerta la dueña, la mujer que nos quiere echar”. Eso tuvo que escuchar Miguel Tauste durante los últimos meses y a cualquier hora. Tras quedarse sin empleo hace cuatro años y perder el piso que había comprado, los ingresos de 400 euros de su mujer no fueron suficientes para pagar un alquiler y dar un hogar sus tres hijos. La única alternativa que le quedó fue ocupar, junto con otras tres familias, un bloque de pisos de obra nueva, de la constructora Marvall 2006 en Cerdanyola del Vallès.

El pasado 3 de enero miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) entraron en el edificio, que llevaba tres años acabado y vacío. Los afectados entienden que ahora ha recuperado su “uso social”. La desesperada situación de estas familias les llevó a realizar una práctica ilegal ante la amenaza de quedarse en la calle.

Miguel Tauste, de 45 años, tiene una mujer y tres hijos, de 4, 7 y 15 años. Siempre se dedicó a montar parqués como autónomo y cuando se arruinó en 2008, le echaron de un piso de compra y se fue a vivir de alquiler con el aval de su madre y su suegra. En aquellos momentos, los afectados por la hipoteca no estaban organizados en una plataforma: no pudo parar el desahucio y se fue a vivir en un piso de 40 metros cuadrados por 600 euros. Cuando no pudo pagar, más le cortaron la luz y el agua. Con su mujer embarazada, Miguel bajaba a escondidas a buscar agua a la fuente. Sin calefacción y con humedades, sus hijos cogieron bronquitis.

“Si todavía estoy aquí es para dar de comer a mis hijos" —asegura Tauste— “y que no lo pasen mal, esto me lo como yo”. Su entidad bancaria, Unnim, le propuso rebajar a 8.500 euros una deuda de 85.000, por un préstamo que, entre otros gastos, contempla el implante de una prótesis de titanio por una piorrea. El afectado se niega a firmar este acuerdo. “Sólo pretenden tenerme atado con un impago que para ellos es irrisorio”, considera. La PAH le ha dado el apoyo legal y moral necesario para luchar.

Otro de los ocupantes del bloque, Javier Padilla, paralizó su desahucio el 23 de enero y su banco, Ibercaja, le dio una prórroga de diez días para presentar un informe socio-económico. El afectado vivía con su mujer y sus dos hijos, de 15 y 24 años. Cuando los Servicios Sociales del Ayuntamiento le ofrecieron un piso de 35 metros por 225 euros, respondió: “En la pobreza manda el pobre, ya pueden anotar que rechacé su oferta”.

Padilla pide que apliquen la dación en pago de su hipoteca, pero también que le informen a quien la han vendido, para proteger a su familia de posibles persecuciones. Según Ibercaja todavía quedan 2.500 euros pendientes de pago, lo que imposibilita la condonación de la deuda. Padilla se siente engañado y califica de “holocausto silencioso” el drama de los desahucios que afecta a miles de personas.

Las otras dos familias que ocupan el edificio son la de Ana, con dos hijos, y una pareja con un niño. Uno de los dueños del inmueble, Manuel Monroig, socio de la constructora Marvall 2006 y exdirector de una oficina de Caixa Catalunya, denunció la ocupación el mismo día de su anuncio oficial y los Mossos d’Esquadra ya han identificado a cuatro personas que tendrán que declarar por usurpación.

Marvall 2006 se creó para realizar esa obra y tal y como consta en el Registro de la Propiedad la constructora debe más de 690.000 euros a Caixa Galicia (ahora parte de Caixanova Galicia) y 176.000 euros de de refinanciación a Caixa Catalunya (incorporada en Catalunya Caixa). Sin embargo, según el abogado de Marvall 2006, no se ha procedido al proceso de ejecución hipotecario de las viviendas ni al embargo de la empresa.

La PAH considera injusto que haya “gente sin casa y casas sin gente”. Cuando se agotan las vías de negociación, según uno de los portavoces Adrià Alemany, una de las pocas alternativas es “recuperar el uso social de las viviendas”. Para apoyar estas acciones la plataforma ha creado la Obra Social la PAH que ha ocupado otros dos bloques en Sabadell, dos en Terrassa y uno en Rubí, todos en procesos concursales.

Además de la presión legal que supone exponerse a un posible delito, los ocupantes viven con el miedo a que les ataquen . “Por las noches me despierto por cualquier ruido”, explica Tauste, que se medica para la ansiedad. Los dos hombres se emocionan mientras explican que mantendrán su lucha por “quitarse el problema de sobrevivir”. No se moverán, dicen, hasta que no puedan dar otro techo a sus familias.