El PP da un giro a su política fiscal para gravar a los grandes patrimonios

El PP no quiere hablar de giro en su política fiscal, pero lo cierto es que se trata del primer aumento significativo de impuestos desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la Xunta, en 2009. En los últimos meses, Feijóo había desdeñado de forma reiterada las peticiones de la oposición para buscar fórmulas recaudatorias que aliviasen los recortes a costa de gravar a las rentas más altas. Los populares, sin embargo, dieron ayer un paso en ese sentido y pactaron con los socialistas una enmienda al proyecto de Presupuestos para este año que incrementa una media del 20% el impuesto sobre el patrimonio. La medida castiga sobre todo a los grandes patrimonios, ya que mantiene la exención del impuesto para los que sean menores a 700.000 euros, cantidad en la que no se contabiliza además la vivienda habitual. El acuerdo supone el primer gran pacto entre los dos partidos mayoritarios desde las elecciones autonómicas del pasado 21 de octubre.

 Feijóo llegó al poder prometiendo una rebaja general de impuestos, empezando por el IRPF. Pero nada más tomar posesión, alegando el mal estado de las cuentas públicas, dio marcha atrás inmediatamente. Desde entonces, la Xunta ha aprobado pequeñas rebajas fiscales, en general de escasa cuantía. En los Presupuestos que ahora mismo están tramitándose en el Parlamento se contemplan algunas deducciones en el IRPF y los impuestos de sucesiones y de transmisiones patrimoniales para favorecer la compra de viviendas y la apertura de nuevos negocios. Fuentes del PP matizaron que la subida pactada ahora con el PSdeG no es la primera alza impositiva de este Gobierno, que ya decidió subir ligeramente, para adaptarlo al nuevo tipo del IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Pero el incremento acordado ayer con los socialistas es, sin duda, el más sustancial de toda la etapa de Gobierno de Feijóo.

El aumento medio previsto es de un 20%, lo que permitirá a la Xunta, según los cálculos iniciales, recaudar unos ocho millones de euros más al año. Las estimaciones provisionales son que la subida afectará a unos 5.000 contribuyentes. El tipo impositivo se equipara al de Andalucía, una comunidad gobernada por la izquierda.

El impuesto de patrimonio fue suprimido por el Gobierno de Zapatero, que posteriormente, cuando apretaban las exigencias presupuestarias, lo recuperó aunque con el límite mínimo de 700.000 euros. El BNG, de hecho, proponía en el debate parlamentario de ayer reinstaurarlo en su integridad, lo que permitiría recaudar unos 70 millones anuales. Finalmente tanto los nacionalistas como AGE se abstuvieron ante el acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Los socialistas cedieron en su propuesta inicial, que planteaba bajar el mínimo exento a 500.000 euros e incrementar el tipo en un 15%.

El texto de la enmienda justifica el incremento de la presión fiscal por el propósito de “atender mejor a la prestación de gastos de carácter social y a las políticas de empleo”. Fuentes populares explicaron que entre todos los instrumentos fiscales de que dispone la Xunta este es el que tiene mayor carácter redistributivo. La oposición pretendía también gravar más a los grandes centros comerciales, a la banca por su número de depósitos, a los hidrocarburos y a las rentas altas en el IRPF. El PP alega que en los tres primeros casos la carga impositiva acabaría recayendo en los consumidores, mientras que el IRPF penaliza sobre todo a las rentas del trabajo.

El portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, calificó el acuerdo de “muy importante”, sobre todo porque supone un entendimiento entre los dos principales partidos pese al “revuelto clima político”. También el socialista Juan Carlos González Santín se felicitó por el consenso, aunque insistió, como el resto de la oposición, en reclamar más medidas para aumentar la recaudación fiscal. Para el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, el gesto del PP, sin embargo, es solo una “coartada” del grupo mayoritario para “hacer ver que negocia”.

El debate parlamentario también sirvió para pactar otra enmienda a los Presupuestos que establece que solo los miembros del Consello de la Xunta —presidente y conselleiros— podrán disponer del llamado personal de gabinete, es decir, de asesores. Según los populares, la enmienda se limita a aplicar una norma ya aprobada por el Gobierno central. Sus efectos prácticos serán casi nulos. Si bien las cuatro delegaciones territoriales y algunas secretarías generales de la Xunta disponen de asesores, estos podrán continuar simplemente haciéndolos depender de forma directa del conselleiro correspondiente o del propio presidente.