Una ciudad con dos planes urbanísticos

El fin del mundo maya llegó a Madrid con un par de meses de adelanto. Afectó sólo al 15% de la superficie del municipio, sobre todo a los alrededores de la M-40. Y, afortunadamente, únicamente tuvo lugar sobre el papel. En los mapas. La vida sigue desde ese día con relativa normalidad en la ciudad. Pero en los planos, donde antes aparecían edificios, carreteras, paradas de autobús, calles y aceras, ahora hay secarrales y arboledas. De un plumazo, el pasado 28 de septiembre, el Tribunal Supremo devolvió gran parte de Madrid del año 2012 a 1985.

La sentencia anuló el desarrollo urbanístico del último cuarto de siglo, incluido el barrio de Valdebebas, la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la ampliación del aeropuerto de Barajas. Legalmente, no existen. Eso no significa que haya que derribar todo lo construido. Pero, a la espera de solucionar el entuerto, el mayor al que se ha enfrentado la capital en su historia reciente, todos los actos administrativos se han paralizado en esas áreas. Las obras en marcha continúan. Pero si se cae un doble techo del aeropuerto, no es posible obtener licencia para repararlo. Si se termina una casa en los nuevos barrios, no se pueden entregar las llaves. Porque, legalmente, nada de eso existe.

El Ayuntamiento trabaja contrarreloj para evitar que la ciudad se le muera entre las manos. Miles de personas confiaban en entrar a vivir en sus pisos de Valdebebas en la primera mitad del año, por ejemplo. ¿Qué pasará con ellos? El Gobierno municipal (Partido Popular) promete que en agosto estará resuelto. Para entonces, los mapas deberían haber vuelto al estado en el que se encontraban antes de la sentencia.

Volverán así a desaparecer los terrenos protegidos por su valor ecológico que la burbuja inmobiliaria se llevó por delante. El Supremo dictaminó que no se había justificado adecuadamente su conversión en suelo urbanizable.

El Ayuntamiento ya intentó hace años escaparse por la puerta de atrás, y de ahí viene este último varapalo judicial. Ahora debe redactar un plan urbanístico, tarea que suele llevar años, en cuestión de meses. Pero no para cambiar la ciudad, sino para devolverla a su estado actual. No introducirá ningún cambio, como le requiere el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky.

Y mientras, al mismo tiempo, continúa elaborando otro plan, este sí para toda la ciudad, este sí para modificar la cara de Madrid y, paradójicamente, tratar de revertir todo lo que ha salido mal en los últimos 27 años por confiar el desarrollo urbano al ladrillo y la especulación inmobiliaria. Estará listo en 2016.

Un bofetón del Supremo. En 1997, el Ayuntamiento, regido entonces por José María Álvarez del Manzano (PP), aprobó un plan general de ordenación urbana que exprimía todo el suelo disponible en el municipio y convertía en urbanizable (y casi exclusivamente residencial) el doble de superficie de la que ocupa la almendra central. Parte de esos terrenos habían sido protegidos por su valor ecológico o agropecuario en 1985, cuando gobernaba la ciudad el socialista Enrique Tierno Galván.

La Comunidad, en manos del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), validó el plan en abril de 1997. Y el Partido Socialista, junto con Ecologistas en Acción, lo recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Cinco años después, en febrero de 2003, los magistrados estimaron en parte sus quejas. En 2007, el Supremo tumbó el plan urbanístico y creyó zanjar así la cuestión. Pero el Ayuntamiento, gobernado para entonces por Gallardón, trató de remendar el zarpazo judicial: aprobó dos acuerdos, en noviembre de 2007 y marzo de 2009, que añadían al plan la justificación que los magistrados echaron en falta para convertir el suelo protegido en urbanizable.

La Comunidad, en manos de Esperanza Aguirre (PP), lo dio por bueno. Ecologistas en Acción recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en enero de 2010 desestimó su petición. Pero, y aquí acaba el expediente, el Supremo sí consideró en septiembre de 2012 que “no se puede subsanar, enmendar o convalidar un plan nulo. La justificación no puede tener alcance retroactivo”. O lo que es lo mismo: el plan ha sido anulado. Esta muerto. No se puede remendar. Hay que hacer uno nuevo. El Supremo consideraba además “menoscabado el derecho de los ciudadanos a cuestionar” las decisiones administrativas, máxime cuando tienen “una repercusión significativa sobre el medio ambiente”. “Únicamente puede combatirse aquello que se conoce y cuando se comprenden las razones”, decía la sentencia.

Las dudas de la Comunidad. El fallo anuló el plan de 1997 en 21 ámbitos de la capital, que quedaron en el mapa como en 1985. El aeropuerto de Barajas, por ejemplo, se convirtió en su mayor parte en suelo agrícola, con un pedazo de suelo de valor ecológico. El Ayuntamiento se puso de inmediato a trabajar con Comunidad y Gobierno central (PP), muy afectados ambos por la decisión.

En un primer momento, se pensó en recurrir a la capacidad legislativa regional para solucionarlo de un plumazo, pero el Ejecutivo de Ignacio González (PP) planteó dudas jurídicas. Lo que sí hizo, en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2013, fue sentar la base legal para trasladar esos ámbitos desde 1985 al presente de nuevo. A partir de ahí, el Ayuntamiento espera concluir el proceso el próximo 2 de agosto.

21 ámbitos paralizados. Madrid tiene 604 millones de metros cuadrados. La sentencia afectó a 89 millones. De esta, un tercio, 33 millones, era terreno protegido en 1985. Son 21 ámbitos: Mingorrubio; Portillo del Prado; Manzanares Norte; Cuatro Vientos; Campamento; El Salobral; La Dehesa; La Atalayuela; Los Cerros; Los Ahijones; Los Berrocales; Valdecarros; Valdebebas; ensanche San Fernando; remate suroeste de Campamento; La Escorzonera; solana de Valdebebas; Fuente Fría Norte; Arroyo del Fresno; Valdegrulla; y sistema aeroportuario de Barajas.

En algunos, el suelo protegido supone prácticamente todo el terreno; en Arrollo del Fresno, no había ni un metro cuadrado. En algunos, aún no ha empezado el desarrollo, pero otros, sobre todo Valdebebas, están en fase crítica. En Los Cerros, con 15.000 viviendas previstas, ni siquiera hay proyecto. En Valdecarros, con 48.000, sí, pero está parado. En Los Ahijones, con 15.400, se están empezando a mover tierras. En Arroyo del Fresno, la urbanización está casi concluida, pero aún no hay licencias para sus 2.754 viviendas.

¿Quién paga la fiesta? En Valdebebas, hay 12.500 pisos previstos; un tercio ya está en obras. La mayoría, de cooperativas, que han invertido 1.100 millones de euros. Aproximadamente 2.000 familias deberían recepcionar sus viviendas este año, indica Pedro Vizcaíno, director de comunicación de la Junta de Compensación. En marzo estará lista ya una de las 54 promociones. “Al Ayuntamiento se le echa el tiempo encima. Los cooperativistas son los que menos se lo merecen, han pagado sus cuotas. ¿Ahora quién paga la fiesta? ¿Si me tengo que ir seis meses o un año de alquiler quién lo paga?”, añade.

La mitad de informes. Pese a lo que pueda parecer, las Juntas respaldan por ahora al Ayuntamiento, y confían en que cumpla los plazos. El trámite habitual, que incluye dos periodos de alegaciones, se ha reducido en lo posible merced a la colaboración entre Administraciones. Los 72 informes requeridos se han dejado en 38 por indicación del Gobierno. No se van a introducir cambios para no salirse de la ejecución estricta de la sentencia. Adecuar la ciudad al estallido de la burbuja inmobiliaria se deja así para el nuevo plan, que se está preparando en paralelo. El área de Urbanismo, que dirige Paz González, trabaja al límite y dividida en dos para sacar adelante ambos proyectos. El avance del nuevo plan, el que debe convertir Madrid en una ciudad de bulevares y repensar los PAU a partir de 2017, estará listo en mayo.