El espíritu de Atocha
Si “todo es falso menos alguna cosa”, habrá que dilucidar la gravedad de esa cosa
Saliendo a Antón Martín por la calle León hay una multitud alrededor del monumento El abrazo, hay una multitud que se abraza también en torno a esas espaldas enlazadas de cuerpos que se engarzan entre sí a través de abrigos y gabardinas y manos, como si todo un pueblo pudiera edificarse dentro de ellos, de su corro sin cara con la sucesión circular de espaldas anchas. Es el monumento de Juan Genovés a los abogados laboralistas asesinados en el despacho de Atocha 55 la noche del 24 de enero de 1977. En torno a él la gente, como reproduciendo la escultura en piel y músculos henchidos de la vitalidad que les robaron hace 36 años, hace toda una democracia.
Se repiten sus nombres, la lista de un oprobio y de una dignidad laboral y jurídica: Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal, y también los repito ahora al escribir. Porque la memoria es una forma de insumisión y hay protestas y hay vindicaciones por encima del tiempo, y además no hace tanto: más o menos mi edad. Porque ese tiempo está también aquí cuando habla Alejandro Ruiz-Huerta, presidente de la Fundación Abogados de Atocha y superviviente del atentado, al denunciar el ataque que está sufriendo el Estado de Derecho con medidas tan sangrantes como la abolición de la Sanidad, la Educación o la propia Justicia como derechos comunes.
Dos semanas después del homenaje me pregunto lo mismo que aquella mañana: ¿dónde está el espíritu de Atocha, de aquellos abogados que creían en el derecho no como una discriminación, sino como la primera estructura social que sostiene la dignidad del ciudadano? Desde luego, no está en un presidente del Gobierno que ante el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia no sale a dar la cara, con una rueda de prensa con preguntas, sino que habla a través de una pantalla de plasma que los periodistas fotografían como a un holograma articulado. Nadie discute aquí la presunción de inocencia, principio medular de la abogacía y del derecho, pero la situación requería algo más que un monólogo interior entre el regreso victimista de la niña de Rajoy, la exigencia de un acto de fe y la condena de la prensa.
Si “todo es falso menos alguna cosa”, habrá que dilucidar la gravedad de esa cosa. El exdiputado Jorge Trías relata una contabilidad paralela de dinero negro en el PP. Pío García Escudero, presidente del Senado, ha admitido la veracidad de su asiento contable en la lista de Luis Bárcenas. Jaime Ignacio del Burgo afirma que es difícil demostrar que no se ha cobrado en negro, precisamente porque el dinero negro no suele dejar rastro. Pero no nos preocupemos, porque Mariano Rajoy ofrece su declaración de la renta y empeña su palabra, comprometiendo su credibilidad con la honradez del PP.
En los mismos días Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, hace en el Congreso una defensa de los desahuciados tan brillante, transparente, humanizada y fundada en valores éticos jurídicos, que ofrece en pocas horas la réplica dialéctica perfecta al comunicado opaco de Rajoy, en su divagación cada vez más firme. Ada Colau no estuvo, creo, la mañana del 24 de enero en Madrid, pero escucharla hablar es asistir al mejor homenaje a los abogados de Atocha como testimonio democrático, de un reconocimiento a quienes esbozaron la primera línea de la libertad fundada en una abogacía verdaderamente igualitaria, tanto en sus objetivos procesales como dentro del bufete, en la defensa ciudadana, cuando no todo el mundo militaba en el mismo derecho ni en la misma justicia.
La placa con los nombres de los abogados amaneció manchada de pintura roja y amarilla. Aunque el ataque causara comprensible dolor, quienes intentaron agraviarlos solo han logrado evidenciar una doble verdad. Rojo rociado como una enorme herida. Y por supuesto que eran españoles. Como Antonio Machado, como Manuel Azaña y Federico García Lorca. Españoles de la mejor España: la amparada por jueces humanistas frente a la impunidad del desahucio y en la fiscalía frente a las corrupciones.
La mañana es el cielo abierto de un febrero estival: el martes se vota en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago con efectos retroactivos, la paralización de los desahucios de primeras viviendas y su alquiler social. La caída rampante del sol claro sobre los tejados de Madrid es una promesa natural de un mediodía más cálido, más ennoblecido en la sustancia que da voz a los hombres.
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