Entre golfos y chorizos

“Un asunto de estas características, en ningún país de la Unión Europea se hubiera saldado sin que hubiera caído medio Gobierno y su presidente”.

¿Se refiere la frase al Gobierno Rajoy? ¿La ha dicho Rubalcaba? ¿Griñán? ¿Quizá Diego Valderas? ¿El portavoz socialista Mario Jiménez?

Frío. Esas palabras son de Javier Arenas. Las pronunció el 30 de agosto de 2012 ante la comisión de investigación abierta en el Parlamento de Andalucía sobre el turbio asunto de los ERE.

Desde hacía meses, el PP había exigido esa comisión. El 13 de enero, en Málaga, decía el entonces candidato a la presidencia de la Junta (por cuarta vez) Arenas: “Griñán debe aceptar una comisión de investigación en el Parlamento, en beneficio de la transparencia”.

De entonces a hoy, los dirigentes del PP andaluz repiten machaconamente esa petición. Tras el escándalo Bárcenas y los presuntos pagos de sobresueldos a los dirigentes del partido, la demanda se ha generalizado.

El último en sumarse ha sido Carlos Floriano. El vicesecretario de Organización del PP cree incomprensible que Rubalcaba pida la dimisión de Rajoy por el caso Bárcenas y que no pidiera la cabeza de Griñán por los ERE.

El paralelismo, sin embargo, no se sostiene. Porque mientras el PP veta todas las iniciativas de la oposición para que Rajoy explique en el Congreso las cuentas de su partido, comisión de investigación incluida, el Gobierno andaluz aceptó que los ERE fueran investigados en el Parlamento autonómico. Lo que aquí era imprescindible, en el Congreso sería “un juicio paralelo” (editorial de Abc, firme defensor de las tesis del PP).

Mientras que el trabajo investigador y el duro interrogatorio al que sometieron a Griñán y a Chaves los diputados del PP, dirigidos por su portavoz Carlos Rojas, era un ejercicio de democracia y transparencia, en el Congreso no tiene cabida. “Preferimos que investiguen la Agencia Tributaria, los fiscales y los jueces”, ha dicho el portavoz popular Alfonso Alonso.

Una declaración que intenta confundir a la ciudadanía. Porque las dos cosas son complementarias: una investigación judicial, como la que se sigue con los ERE, al tiempo que una comisión parlamentaria que analice las consecuencias políticas del que posiblemente es el mayor caso de corrupción política en décadas: el caso Gürtel-Bárcenas, que cuenta ya entre sus imputados con diputados, senadores, alcaldes, consejeros, altos dirigentes del partido, empresarios…

A la ciudadanía le gustaría verles, como vio a Griñán y a Chaves, ser interrogados por los diputados de la oposición. Le gustaría saber si el presidente Rajoy cobró o no 322.231 euros de Bárcenas, trajes y corbatas incluidos, por valor de 30.000 euros.

A la ciudadanía andaluza en particular le gustaría saber si es cierto que Javier Arenas recibió de Bárcenas 225.762 euros. Le gustaría saber si a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, le entregó Bárcenas 30.000 euros cuando era presidenta regional del PP.

Sí, ya sabemos que Rajoy, Arenas, Martínez y muchos de los que aparecen en la contabilidad de Bárcenas han desmentido (algunos no) haber cobrado un solo euro del extesorero nacional. Habrá que creerles, en principio, claro está.

Pero también en su día, Griñán y Chaves rechazaron tener nada que ver con los ERE fraudulentos y sin embargo se sometieron a la comisión de investigación.

En fin, a la ciudadanía le gustaría saber si, por utilizar las palabras del secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, estamos hablando en el caso Bárcenas de “cuatro o cinco golfos, cuatro o cinco chorizos” o de 40 o 50 golfos y chorizos.

A la ciudadanía le gustaría saber si este asunto debe terminar, como en la Unión Europea, con la caída de medio Gobierno y de su presidente. Que diría Arenas.

@JRomanOrozco