Sospechas sobre los informes que avalaron los enchufes

Las fechas de los informes ponen a José Luis Baltar contra las cuerdas. Ninguno de los jefes de servicio que declaró ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, supo explicar por qué se contrataron enchufados de forma masiva. Y las fechas son clave. Los informes emitidos por los altos funcionarios de la Diputación ourensana “están datados en períodos temporales muy concretos, sin ningún intervalo de tiempo entre ellos”, según el abogado del PSdeG, José Arcos. Las acusaciones populares creen que el cacique pervirtió la legalidad del proceso de contratación instando a los jefes de servicio a emitir informes para justificar los enchufes. Es decir, que se creó una presunta necesidad donde no la había.

 Los documentos son genéricos. Ninguno incluía nombres. El reparto nominal, según la fiscalía, recayó posteriormente en el exbarón, que firmó los decretos de contratación “urgentes e inaplazables de su puño y letra” sin cumplir la ley. El exinterventor José María Baños elaboró otro informe, posterior a la formalización de las contrataciones, a petición de un diputado socialista. No fue realizado de oficio para ser aportado en el expediente de contratación, según quedó acreditado en las pruebas testificales. Sin embargo, el jefe del negociado de Formación, Carlos Castiñeiras, explicó en su declaración que avaló la necesidad “urgente” de tres empleados porque “se estaba implantando la plataforma de administración electrónica” a instancias del Ministerio de Administraciones Públicas, lo que coincidió con “varias bajas médicas” en el departamento. Según las partes personadas, las explicaciones de uno de los testigos fueron “contundentísimas” porque “dejaron al expresidente solo y sin argumentación legal” para los enchufes masivos. De esta forma, refrendan la declaración que ya habían ofrecido a la fiscalía, en la que descargaron toda responsabilidad en el exbarón, que hoy comparece ante el juez.

En la Diputación de Ourense no hay un mecanismo que garantice que exista algún criterio en la contratación del personal laboral, esos empleos de entre tres y seis meses de duración de los que ha tirado Baltar hasta alcanzar los miles de personas empleadas. Lo reconoció el lunes el secretario de la institución provincial, Francisco Cacharro, en su declaración ante el juez. Cacharro admitió, a preguntas de la acusación popular, que no existe un registro de contratos y que no se puede garantizar que los expedientes no se puedan manipular. El secretario de la Diputación respondió de esta forma cuando el abogado del PSdeG le preguntó por qué no están registrados los informes sobre contrataciones que deberían haber realizado los jefes de servicio.

Cacharro prestó declaración como testigo durante más de una hora. El alto funcionario intentó convencer al juez de que el principio universal de publicidad en los procesos de contratación no es aplicable en el caso que se juzga. Cacharro expuso una teoría según la cual existe “una laguna legal” en lo que respecta a los contratos del personal laboral. El secretario se desmarcó, sin embargo, varias veces de las contrataciones de Baltar y dejó claro que no participó en el proceso. “¿Había algún pacto secreto entre usted y el entonces presidente para que no se diese por enterado de lo que él firmaba?”, le preguntó el abogado del PSdeG. “No”, contestó sobriamente.