La imputación de Oriol Pujol pone a prueba el plan anticorrupción de Mas
La fiscalía atribuye al secretario general de CDC tráfico de influencias en el 'caso ITV' El político convergente deja entrever que podría apartarse del cargo si finalmente resulta imputado
La Fiscalía Anticorrupción remitió ayer a la juez que investiga el escándalo de las ITV —la derivada catalana del caso Campeón— un prolijo informe en el que detalla la participación del secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, en la trama que intentó amañar un concruso público para adjudicar estaciones de la Instpección técnica de Vehículos (ITV). Poco después de que el fiscal solicitara la imputación de Pujol, el dirigente nacionalista dio a entender que dejará alguno de sus cargos cuando sea llamado a declarar. Y que lo que haga él pondrá a prueba el plan anticorrupción anunciado por Artur Mas y será la pauta a seguir para el exalcalde de Lloret de Mar y diputado de CiU, Xavier Crespo, investigado por su presunta relación con la mafia rusa.
La titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, tiene desde ayer el informe sobre su mesa. La fiscalía le pide que eleve a la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una “exposición razonada” para que el alto tribunal cite a Oriol Pujol como imputado. Dado que es diputado en el Parlamento catalán, tiene la condición de aforado, por lo que es el TSJC el órgano competente para decidir sobre su imputación.
La ejecutiva de Convergència Democràtica se reunió ayer teniendo encima de la mesa dos casos de corrupción que amenazan, no solo con llevar al banquillo de los acusados a varios dirigentes y militantes, sino también de perjudicar todo el proceso soberanista que los nacionalistas tienen pactado con Esquerra Republicana de Catalunya. Oriol Pujol compareció para dar cuenta de la reunión, y lo hizo pocos minutos después de conocerse que la fiscalía pide su imputación. Esto no sorprendió a ningún dirigente, pero sí había expectación para conocer si finalmente se apartará de sus cargos. El dirigente nacionalista no lo aclaró totalmente, pero de sus palabras se desprende que sí dará un paso atrás cuando resulte imputado. Lo hará, dijo, porque “nadie debe estorbar en el proceso histórico de soberanía que ha iniciado Convergència”. “Nadie se va a envolver en la senyera, pero tampoco nadie la perjudicará”, añadió.
La posibilidad que se abre ahora es que, si finalmente es imputado, Pujol se aparte temporalmente de sus cargos en el partido, del que es secretario general. Otra opción sería apartarse del cargo de presidente del grupo parlamentario de CiU pero al estar los nacionalistas convencidos de la inocencia de Pujol no quieren ningún movimiento que sea irreversible.
El dirigente denuncia una maniobra de acoso contra el proyecto soberanista
Pero la presión de las bases y, especialmente de sus socios de Esquerra Republicana, obliga a hacer movimientos en un momento en que la opinión pública catalana está especialmente sensible por los casos de corrupción. Al escándalo del PP se suma el caso de las ITV, que salpica a Oriol Pujol, el caso Clotilde, en Lloret de Mar y la aún reciente sentencia que certifica que Unió Democràtica se financió irregularmente. Por esta razón, CiU decidió ayer que actuará igual en el caso de Oriol Pujol y en el de Xavier Crespo, a quien la fiscalía también ha pedido su imputación.
Pese a dar muestras de que dará un paso atrás, Oriol Pujol no dejó pasar la oportunidad ayer de denunciar una supuesta maniobra de acoso y derribo hacia Convergència, no tanto por la posible corrupción, sino conta sus aspiraciones soberanistas. “No deberían salirse con la suya loa que quieren frenar el proceso soberanista”, dijo Pujol.
Para sembrar dudas sobre el proceso judicial que le amenaza, Pujol no dudó en establecer paralelismos entre el caso de las ITV y el informe fantasma de la UDEF que implicaba a su familia con cuentas corrientes en Suiza y que se ha demostrado falso. Pujol dijo que “no es casualidad” que Convergència tenga problemas con la justicia desde que Artur Mas cerró la vía del pacto fiscal y se inclinó por el soberanismo. Sin embargo, Pujol obvió que la investigación de las ITV comenzó más de un año antes de que Artur Mas apostara por el soberanismo.
En un informe de 400 folios, la Fiscalía Anticorrupción recoge los “indicios” sobre la participación de Oriol Pujol en la trama que intentó amañar, sin culminarlo, estaciones de ITV. El fiscal Fernando Maldonado sostiene que Pujol pudo cometer un delito de tráfico de influencias, castigado con penas de cárcel (de seis meses a dos años) y de inhabilitación para ejercer cargos públicos (de tres a seis años).
Con su “influencia política”, según los investigadores, el hijo del expresidente catalán “impulsó” la trama para beneficiar a empresarios afines y a sí mismo. En la causa, que sigue secreta en lo que respecta a Pujol, están imputados los empresarios Sergio Pastor y Sergi Alsina —este último, amigo íntimo del dirigente nacionalista—; el subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles; y el convergente Josep Tous, hombre de la máxima confianza de Pujol al que este último propuso para un alto cargo en la Diputación de Barcelona.
La implicación de Oriol Pujol —al que los implicados llaman Zumosol— en el escándalo de las ITV nació a raíz de las conversaciones entre dos imputados del el caso Campeón, de presunta corrupción. Los informes de la Agencia Tributaria en los que se ha basado la fiscalía subrayan que, con ánimo de lucro, Pujol ofreció el “apoyo necesario” para que la jugada de las ITV culminase con éxito. Finalmente, no fue así. En parte, según fuentes judiciales, por la filtración de las llamadas del caso Campeón, que impidió a los implicados consumar
El delito de tráfico de influencias, sin embargo, no precisa que el funcionario presionado por su superior ejecute la orden; basta con que la autoridad (en este caso, Pujol) haya ejercido esa influencia. El informe del fiscal se circunscribe al intento de amaño de las ITV y deja al margen otros asuntos que aparecen en el sumario. Por ejemplo, las facturas emitidas por la esposa de Pujol, Anna Vidal —de hasta 200.000 euros— a la empresa de su amigo Alsina. Hacienda considera que son fraudulentas.
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