Botella paraliza los derribos en la Cañada

Hay cerca de 200 procedimientos pendientes, algunos con orden judicial La medida busca "dar estabilidad y tranquilidad a las familias" en la tramitación del plan regional

El Ayuntamiento de Madrid (PP) ha paralizado de forma indefinida todas las órdenes de derribo de infraviviendas ubicadas en su tramo de la Cañada Real, “con el fin de dar estabilidad y tranquilidad a las familias” durante la tramitación del plan impulsado por el Gobierno regional (PP) para regularizar la antigua vía pecuaria. La decisión afecta a 141 órdenes en proceso de tramitación administrativa; y 55 decretos de ejecución subsidiaria, de los que 15 cuentan ya con orden judicial.

“Con estas medidas, cuyos resultados tienen efecto directo y prácticamente inmediato, el Ayuntamiento pone de manifiesto su voluntad inequívoca de contribuir, en el ámbito de sus competencias, a generar el mejor clima social posible hasta que se alcance el acuerdo”, explica en un comunicado. La paralización de los derribos era precisamente una de las peticiones fundamentales de los vecinos a las Administraciones implicadas.

El Ayuntamiento de la capital avanzó ayer su decisión al consejero regional de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, con quien se reunió para conocer el plan. La concejal de Urbanismo, Paz González, se ha comprometido esta mañana, a preguntas de Izquierda Unida, a buscar una solución “inclusiva y no excluyente” para los vecinos. Ante las críticas del portavoz municipal de esa formación, Ángel Pérez, que considera “una vergüenza” la propuesta regional (a su juicio “favorece a algunos y se ríe de todos”), Botella ha defendido que “puede ser una forma de solucionar el problema”.

Tanto Paz González como el alcalde de Rivas, José Masa (Izquierda Unida), mantienen serias reservas sobre el plan regional para regularizar la antigua vía pecuaria, en la que viven 7.725 personas. De hecho, Masa se niega por ahora a reunirse con Fermosel para hablarlo. Ayer, el presidente regional, Ignacio González, afirmó ante un grupo de vecinos: “Van a tener que aceptar el plan, van a tener que ver que es el único remedio”.

Por el contrario, está satisfecho con el plan regional el alcalde de Coslada, Raúl López (PP). Su municipio alberga apenas 900 metros de la Cañada, un área integrada y homogénea, sin apenas infraviviendas, en la que viven 927 personas. También se ha mostrado contenta la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes (PP), que hoy se ha reunido con Fermosel y ha asegurado apoyar “sin reservas” el proyecto, “porque gusta a los vecinos, que es en quienes hay que pensar”.

Cifuentes ha añadido que el plan de seguridad para la Cañada está prácticamente cerrado y se firmará en breve, según informa Efe. Por su parte, Fermosel ha avanzado que el plan social está avanzado: “La mayor intervención social es que los vecinos tengan derecho a una vivienda digna, no digamos ya a un trabajo digno. Con trabajo y con vivienda digna se solucionan prácticamente casi todos los problemas sociales”.

La Cañada Real es una antigua vía pecuaria cuajada de casas y chabolas (construidas de forma irregular desde los años cincuenta) en el tramo de 14,4 kilómetros que cruza la región. Discurre por Coslada, Rivas (tres kilómetros) y, en su mayor parte (casi 13 kilómetros, con una anchura de 40 a 80 metros), por los distritos madrileños de Vicálvaro y Puente de Vallecas. En marzo de 2011, la Comunidad aprobó una ley, con el rechazo de la oposición y de los tres municipios, que le permitirá disponer libremente del suelo (107 hectáreas) si no se cierra un acuerdo de todas las Administraciones antes de dos meses.

El año pasado se cerró el primer trámite: censar a los habitantes. Tras 94 reuniones, la Comunidad prometió tener listo en octubre el plan, pero justo esa semana dimitió la presidenta, Esperanza Aguirre. Su sustituto, González, colocó al consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, al frente de Presidencia. Fermosel se hizo cargo de su vacante, y heredó el plan.

Con cuatro meses de retraso, la Comunidad desveló la semana pasada su proyecto: quiere que "la mayoría" de vecinos censados compren el suelo donde levantaron de forma irregular su vivienda. Se les venderá a precio de suelo urbano, “prácticamente el mismo” en toda la vía. El coste aún se desconoce, puesto que el Gobierno regional sólo ha elaborado un vídeo promocional para dar a conocer su proyecto.

Además, la Comunidad pretende “vender las parcelas que queden libres y urbanizables”, es decir, las que no ocupa nadie ahora, para que se construyan en ellas casas de dos pisos y ático como máximo. Fermosel ha negado hoy que se vaya a comercializar ese suelo a través de promotoras o constructoras, de forma que serían o la Comunidad o los Ayuntamientos los que gestionen su venta a particulares interesados. Con ese dinero, más el que aporten los vecinos por su suelo, se deben financiar las obras de urbanización, que durante la elaboración del plan se calcularon en 250 millones de euros.

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