La juerga que acabó en crisis política
Los dos últimos alcaldes de Santiago están imputados por supuestas represalias contra un agente que ratificó un atestado por alcoholemia de un cargo del PP
La última pesadilla que mantiene en vilo al gobierno de Santiago arrancó en una juerga. El viernes 11 de marzo de 2011 el concejal Ángel Espadas se lanzó a celebrar su ascenso definitivo en el PP compostelano. Tras años de intrigas y peleas internas desde los tiempos de Nuevas Generaciones, de mucho trabajo sucio en la fontanería del partido, por fin había sido encumbrado: número tres en la lista para las municipales. Lo acababa de ratificar el PP que por primera vez en 20 años acariciaba la alcaldía de la capital de Galicia según las encuestas internas. Espadas, que siempre había acompañado al candidato, Gerardo Conde Roa, incluso en sus horas más bajas, estaba llamado a ser el hombre fuerte del gobierno. Era su momento, iba a dejar atrás el papel de malo que le habían asignado, de implacable fiscal que no pasaba una en el Ayuntamiento de Santiago y tanto recopilaba documentación para denunciar al bipartito en los juzgados como se infiltraba en el botellón para denunciar la tolerancia de la policía local con los excesos de los universitarios.
Aquel viernes de celebración, Espadas se fue a una comida y ya empalmó la sobremesa con el concierto de Miguel Bosé, donde tenía sitio reservado como concejal en la zona VIP. Después aún estiró la fiesta por varios locales de moda. Quienes se cruzaron con él aquella noche retratan a un personaje eufórico. Un personaje eufórico que cometió el error de tomar el coche para volver a casa.
Fue una pareja de la guardia civil la que golpeó en su ventanilla para despertarlo a las seis de la madrugada. Su coche estaba parado ante un semáforo verde a las afueras de Santiago. Los agentes llamaron a la Policía Local y el atestado constató lo evidente: el final de la carrera política del concejal compostelano. Fue entonces cuando Conde Roa decidió presionar a la policía para hacer desaparecer el expediente, según figura en la denuncia que presentó en el juzgado un agente.
El relato de la querella que ha supuesto una segunda imputación para los dos últimos alcaldes de Santiago, para un concejal y para la responsable de seguridad del Ayuntamiento, alega que una vez en el poder el gobierno del PP se dedicó a degradar al agente denunciante en sus funciones y a someterlo a un continuo “acoso moral” por no haber querido eliminar las diligencias contra Espadas, que a raíz del escándalo tuvo que dimitir y se quedó fuera de la Corporación. El gobierno local, sin embargo, asegura que se limitó a abrir expediente al policía por varias conductas irregulares, entre ellas usar el vehículo oficial para desplazarse fuera del municipio a hacer tareas que nada tienen que ver con el cuerpo.
Todo eso es sobre lo que está indagando la responsable del juzgado de instrucción número 1 de Santiago, Ana López Suevos, quien, pese a los intentos del actual regidor, Ángel Currás, por negarlo, ha dictado un auto en el que imputa tanto al propio Currás como su antecesor, Gerardo Conde Roa —pendiente de juicio también por fraude fiscal—, al edil de seguridad, Albino Vázquez Aldrey, y a la responsable de área, María del Mar Hinojosa, una teniente de la Guardia Civil que fue fichada a bombo y platillo con la llegada del PP al poder para poner orden en la policía del Ayuntamiento. Lo que trata de saber la juez es si todos estos cargos públicos incurrieron en prevaricación y se saltaron la Lei de Coordinación de Policías Locais, que obliga a que las sustituciones del jefe de policía local las asuma el agente con más rango en el cuerpo. El denunciante sostiene que tras desempeñar esa función durante años, el nuevo gobierno decidió quitarle esa encomienda que pasaron a desarrollar agentes que estaban por debajo en el escalafón. Según él, al hacerlo, tanto el anterior como el nuevo alcalde y el edil de seguridad cometieron prevaricación, dieron órdenes injustas a sabiendas de que lo hacían. El actual regidor defiende que no sabe nada del caso, que conoce “de vista” al policía y que decidió abrir un expediente sancionador al funcionario siguiendo órdenes de su edil Vázquez Aldrey. Este, a su vez, explica que fue el propio agente tras el cambio de gobierno el que pidió pasar a un segundo plano sin desempeñar tareas de responsabilidad.
La segunda pata de la querella se ocupa de un asunto todavía más turbio. Pone en duda una serie de supuestas denuncias ciudadanas contra el policía municipal realizadas a través de la página web del Ayuntamiento y que motivaron la apertura de varios expedientes disciplinarios contra el agente, uno de ellos ya concluido y que solicita la suspensión de un mes de empleo y sueldo. El policía sostiene que los correos electrónicos se remitieron a través de identidades falsas con el objetivo de perjudicarle. Y ofrece datos concretos, como la queja de una hipotética vecina de Ames que se presenta como Josefa y cuyo DNI corresponde en realidad a un hombre censado en el ayuntamiento de Xátiva, en Valencia. O una segunda denuncia ciudadana también contra el mismo policía que se presentó con un DNI falso domiciliado en el número de una calle que, según el funcionario, no existe.
Para dar credibilidad a su relato y tratar de probar el presunto acoso moral, el policía también cuenta cómo la jefa de área de Seguridad, María del Mar Hinojosa, “saltándose todos los protocolos de actuación y de cooperación entre los diferentes cuerpos de policía”, se dedicó a investigarlo fuera del término municipal, donde la policía local no tiene competencias. Y cita un episodio del 31 de mayo de 2012 cuando, según el relato del agente, la jefa de seguridad del Ayuntamiento “haciendo uso caprichoso de los medios con los que cuenta” requiere al personal de Protección Civil para que la trasladen al vecino ayuntamiento de Ames, donde el funcionario tiene un domicilio familiar.
En el Ayuntamiento circulan versiones de todo tipo, la más extendida, que se ha juntado el hambre con las ganas de comer: la complicada personalidad de un policía que es perro viejo y se las conoce todas con las ansias de poder de unos políticos recién llegados que han querido hacer de la institución su propia casa.
Guerra sucesoria abierta
De cómo se resuelva el nuevo entuerto judicial depende la alcaldía. La dirección del PP gallego, muy desmoralizada con lo que sucede en Santiago, ha optado por mantener a Currás y esperar acontecimientos tanto en este sumario como en el Pokémon, que persigue una presunta trama de concesiones irregulares en varios ayuntamientos. Lo contrario implicaría descabalgar al segundo alcalde en solo nueve meses y abrir otra guerra sucesoria en un grupo municipal fracturado. Aparte del escándalo que supondría la dimisión del sucesor de Conde Roa, la cúpula no ve claro un plan B.
La opción de Paula Prado, rival irreconciliable del actual alcalde, sería una maniobra arriesgada. Implicaría admitir que el PP se equivocó en abril cuando la forzó a renunciar pese a que era la número dos y la llamada a heredar la alcaldía para que Currás pudiese hacerse con el bastón de mando, la condición que había puesto Conde Roa para marcharse cuando estalló el caso de su presunto fraude a Hacienda. El pasado domingo en el congreso del PP gallego, Feijóo aupó a Prado a la portavocía del partido, un ascenso que de paso debía servir para alejarla del Ayuntamiento y pacificar los ánimos en Raxoi. El lunes el propio Currás deslizaba que lo mejor sería que Prado dejase ya el Ayuntamiento para dedicarse a su nueva tarea y al Parlamento, donde es diputada. Pero luego llegó el segundo sobresalto judicial en menos de un mes.
La incógnita se despejó ayer en el comité ejecutivo del PP. Prado abandona el Pazo de Raxoi. El partido decide jugársela a la carta de Currás, sus dirigentes asumen que la decisión implica riesgos y exponerse a lo que revelen los sumarios. A fin de cuentas, pocos en el partido creen que el regidor pueda repetir como candidato.
