Baile de notas en favor de la familia

Baltar ha pervertido, según la fiscalía, los principios de mérito, igualdad y capacidad que rigen los procesos de selección de personal público. La política de contratación que ahora cuestiona el ministerio público con su acusación de prevaricación dejó puestos de trabajo creados exprofeso para agradecidos baltaristas que le honran con comidas pagadas a escote, bustos en pedestales, calles y hasta un puente bautizado con su nombre. Pero también opositores sin sangre baltarista enfurecidos.

María, una opositora que ha agotado sin éxito los recursos administrativos y prepara una denuncia judicial contra su suspenso, competía por un puesto de auxiliar administrativo en la Diputación de Ourense. Llegó al proceso impulsado antes de las últimas elecciones municipales con ocho puntos de méritos. Superó los tres primeros exámenes llegando al cuarto (una prueba práctica) junto a otros 31 aspirantes. El 27 de enero de 2012 se difundieron los resultados finales y ella no estaba entre los que ganaron la plaza. Solo tres días más tarde la Diputación de Ourense publicó una corrección de errores en la que cambiaba la nota del cuarto ejercicio a opositores que no presentaron reclamación alguna, a unos se la bajaba y a otros se la subía.

La opositora sin sangre baltarista reclamó formalmente ante el tribunal la nota del segundo y cuarto examen. En el segundo —que carece de marcas de corrección— la puntuación real debería haber sido un diez según los baremos hechos públicos, pero el tribunal le otorgó un cinco, denuncia la aspirante. En el cuarto debería obtener, como mínimo, cinco puntos, pero el tribunal le asignó 2,40. Los correctores tardaron siete meses en corregir 31 pruebas. A pesar del abultado tiempo empleado en la tarea, las notas sufrieron correcciones posteriores con el fin de acomodar nombres en la lista final. Algunas de las correcciones son llamativas: a una candidata se le sumó un punto y medio hasta obtener un nueve. Así escaló hasta los siete puestos agraciados con plaza. La nota de otra opositora menguó del seis al uno. De esta forma pasó a engordar la lista de suspensos.

A la revisión solicitada por María solo asistió parte del tribunal cuando, según la legislación, deben estar presentes todos los miembros. Allí estuvieron José Luis Suárez (jefe de personal y uno de los testigos llamados a declarar en el proceso judicial contra Baltar) y José Eugenio Galindo (jefe del servicio jurídico y exalcalde de Nogueira de Ramuín, localidad adoptiva de Baltar), cuya hija fue la mejor valorada en una oposición que su propio padre estuvo a punto de corregir. A la reunión asistió una tercera persona no identificada en la documentación.

Según la denuncia de María, cuando Suárez y Galindo fueron preguntados por el criterio de corrección, explicaron que “no hay uno en concreto”. “Creemos recordar que nos pareció al tribunal que se merecía esta nota”, afirmaron. La persona que no formaba parte del tribunal también opinó: “Todo está perfectamente baremado”, dijo. Ante las inconcreciones, la candidata decide presentar dos alegaciones en marzo de 2012 solicitando explicaciones por escrito. Nunca obtuvo respuesta.

En mayo de 2012 presentó un recurso de reposición ante la presidencia solicitando la nulidad de las resoluciones que cambiaron notas “de forma arbitraria” y ante la ausencia de explicaciones del tribunal. Casi nueve meses después tampoco ha obtenido respuesta.

En esa denuncia explica que el tribunal “carece de las oportunas actas de sesiones donde deberían estar reflejados los criterios para valorar las pruebas”. Por eso entiende que puede haber “intenciones personales de exclusión” de su persona. Tras la modificación de notas hecha por el tribunal sin seguir el procedimiento reglado, entre los agraciados con puestos de empleo están el hijo del alcalde de Muíños y portavoz del PP en la Diputación, una sobrina del presidente del instituto económico de Baltar y alcalde de Barbadás, una candidata popular en Petín, la hija del alcalde de Boborás, una nieta del teniente de alcalde de Sarreaus o un hijo de un exedil del PP de Ourense ciudad. Baltar padre dejó arregladas las contrataciones de esta oposición antes de jubilarse. La contratación del hijo del alcalde de Muíños y portavoz popular, que se apartó de la línea sucesoria, fue uno de los movimientos que facilitaron el traspaso de poderes de padre a hijo.

El tribunal incumplió el decreto que establece las reglas básicas del procedimiento de selección de funcionarios en la Administración local, que obliga a dar preferencia a personas que ya hayan realizado pruebas de selección, como María.

La opositora presentó a través del registro toda la documentación a la que ha accedido este diario. También fue enviada a Baltar hijo y al secretario provincial, Francisco Cacharro. Tampoco hay respuesta registrada. Desde la presidencia de la Diputación aseguran que conocen la existencia de la reclamación “porque se lo comentaron”. La denuncia judicial ya está redactada y la afectada tiene la intención de ir a los tribunales por “las reincidentes anomalías e irregularidades” en el proceso.