Las escuchas del ‘caso Mercurio’ destapan un negocio ilegal de cobre

Los Mossos d'Esquadra pincharon en junio de 2010 el teléfono de Sandra Roig. Fue una de las decenas de intercepciones que se ordenaron en el marco de la caso Mercurio de corrupción urbanística, cobro de comisiones y tráfico de influencias en Sabadell. La sorpresa de los agentes fue máxima cuando a base de acumular escuchas detectaron unas actividades sospechosas de Roig, que nada tenían que ver con la trama sabadellense. Pronto se dieron cuenta de que estaban ante un nuevo delito. Roig ejercía de mediadora en una trama para dar salida a toneladas de cobre robado, según las pesquisas de los Mossos que constan en el sumario del caso Mercurio. El juez instructor de la trama de Sabadell ha decidido crear una pieza de investigación separada para este nuevo caso.

Sandra Roig, ex concejal del PP en Castellar del Vallès —que se pasó a la xenófoba Plataforma per Catalunya—, irrumpe en el caso Mercurio cuando, ejerciendo de mediadora, presenta a Jordi Soriano, ex concejal del PP, a Jordi Baldo, de Construcciones Baldo, una empresa de Terrassa que quiere hacer obra pública en Sabadell. Roig conocía a Soriano porque la hermana de esta, Marisol Roig, era la mano derecha del concejal popular en el Ayuntamiento.

Según consta en las conversaciones interceptadas por los Mossos y recogidas en el sumario del caso, Baldo asegura que, por mucho que lo intente y cumpla los requisitos, tiene las puertas cerradas en Sabadell. Baldo le comenta a Roig su problema y esta se ofrece a organizar un encuentro con Soriano.

Viendo que Sandra Roig tenía cada vez un papel más activo en el caso Mercurio y que tenía conocimiento de las mordidas que pagan ciertos empresarios con tal de conseguir adjudicaciones, los Mossos deciden ordenar la intervención de su teléfono.

Así detectaron los agentes que una de las actividades principales de Roig era dar salida al cobre robado y revenderlo después como material legal. De las conversaciones, los mossos reconstruyen el funcionamiento de la trama: el poseedor del cobre robado lo entrega a otras personas que se encargan de limpiarlo para posteriormente blanquearlo y venderlo, junto a la documentación en regla, a empresarios. De estos indicios, la policía catalana asegura que se derivan diferentes delitos como robo con fuerza y receptación (aprovechamiento de material sustraído de forma ilegal).

Los mossos sospechan que Roig trata habitualmente con expertos en mover el cobre robado por los conocimientos sobre la calidad del material y de las infraestructuras donde sustraerlos. “Un inexperto no podría gestionar este tipo de robos sin conocimientos previos sobre su funcionamiento”, explican los agentes en su informe.

El robo de cobre en polígonos industriales y grandes infraestructuras se ha disparado desde el inicio de la crisis. Por cada quilo se pueden llegar a pagar unos seis euros. Durante sus negociaciones con un nuevo cliente, Roig presume ante Adán (quien posee una máquina para tratar el cobre) de una transacción anterior en la que se pagó 5.500 euros por tonelada. Este es un extracto de la conversación recogida en el informe policial.

Sandra: Yo sé que con el Rafa había hecho un buen precio. A 5.500 euros segurísimo. ¡Seguro! ¡Seguro! ¿eh?

Adán: Es un precio de puta madre. ¿En “b”?

S: En negro, en negro.

A: Precio de puta madre.