“El éxito del Plan Cañada es una cuestión de dinero”

Agustín Rodríguez vive pegado al terreno más complicado de los 14,4 kilómetros de la Cañada Real. Es el párroco de Santo Domingo de la Calzada, la iglesia situada en mitad de una explanada en el sector VI, el tramo en el que conviven búnkeres de drogas con la mayoría de las familias de la vía pecuaria al final del camino, en terreno de Madrid capital.

Allí viven casi 3.500 familias según el censo municipal que aún no está cerrado. A Rodríguez no le cuadran las cuentas. “Hay un millar de casas y en todas esas viviendas viven normalmente más de tres personas”, señala. El párroco pide que se publiquen los censos para presentar alegaciones, algo que la Comunidad de Madrid prevé tener listo antes del fin de la legislatura, en 2015.

Rodríguez es cauto con sus impresiones, porque aún no ha visto el documento oficial del Plan Cañada de la Comunidad, que tampoco lo ha facilitado ni a la prensa ni a los ayuntamientos afectados. Pero algunos de los primeros anuncios le parecen razonables. Cree que iniciar un plan social en el sector VI con realojos en un plazo de 10 años tal como prevé el Gobierno regional, “implica una duración correcta”. Pero pide más datos. “Es una cuestión de dinero, se trata de ver quién paga y conocer cómo se concreta la propuesta, tenemos que saber qué solución le van a dar a estos vecinos”. La Comunidad de Madrid propone, a grandes rasgos, transformar todo el sector VI en una zona industrial.

En el resto de sectores (del I al V), Ramírez considera que el planteamiento de venta de terrenos a los vecinos “es coherente con lo que pidieron ellos mismos”. El párroco ha participado en varias de las casi 100 reuniones que la Comunidad ha mantenido con todos los interesados. “La gente quiere mantener su hogar y no vivir con la angustia permanente de pensar que le pueden derribar la casa”, añade. “Hay vecinos que ni siquiera se van de vacaciones por miedo a que le echen su vivienda abajo”. Pide que se habiliten líneas de crédito que faciliten la compra de esos suelos y ayudas para habilitar “en condiciones” las viviendas que no cumplan la normativa urbanística.