Aburto se enfrenta a su primer obstáculo

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, acaba de llegar al puesto y, si aún no la conocía, se está enterando de golpe de la tela de araña que han tejido alrededor de su departamento la reforma laboral que el Gobierno central aprobó en julio pasado, la crisis y la división sindical. Tras la ronda que ha mantenido con centrales y patronal, con desplante del secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, incluido, y ante unos datos de coyuntura económica cargados de malos augurios ahora debe solucionar el primero de los grandes obstáculos que afrontará esta legislatura: la creación de la comisión tripartita de arbitraje entre el Gobierno y los representantes de trabajadores y empresarios.

La constitución de esa comisión de nuevo cuño que diseña la reforma laboral para dirimir los conflictos en la empresa y los descuelgues —no aplicar las condiciones pactadas en convenio en el ámbito de una firma— supone un casus belli para las fuerzas sindicales. Sin embargo, para la patronal Confebask su puesta en marcha resulta una condición imprescindible en el nuevo modelo de relaciones laborales abierto por las sucesivas reformas aprobadas por el anterior Ejecutivo de Zapatero y, sobre todo, el actual de Mariano Rajoy, que dinamita la negociación sectorial provincial. “El despacho de Aburto es un polvorín”, enfatiza el responsable de recursos humanos de una empresa alavesa de automoción.

Fuentes de Empleo destacan que se trata de un asunto que genera gran preocupación en el departamento. Nada más llegar, el consejero ha de decidir si la constituye o no y, de hacerlo, cómo, en un contexto de gran división sindical y cambio normativo. “Estamos estudiando qué es de obligado cumplimiento y qué no antes de aplicar la nueva legislación”, aseguran las citadas fuentes.

El citado órgano de arbitraje dejaría en manos de terceros las discrepancias, poniendo fin a 30 años de un modelo que obligaba a las empresas a mantener las condiciones laborales en caso de desacuerdo. “Si no hay comisión, no hay órgano en el que dirimir las discrepancias, luego no hay ninguna excusa para rebajar las condiciones”, sostiene ELA. La patronal no considera ni siquiera como opción que el Gobierno remolonee con este asunto y cree urgente su puesta en marcha como una vía de salida a la creciente conflictividad que se va a dar en una coyuntura económica y laboral “complicadísima y desconocida”.

El presidente del CRL propone la mediación frente al arbitraje

Prácticamente medio millón de trabajadores vascos tienen en la actualidad bloqueados sus convenios y, por lo tanto, congeladas sus condiciones salariales, y de jornada, además de otros derechos. De ellos, unos 200.000 se van a quedar el próximo mes de julio sin un paraguas normativo al acabarse la ultraactividad (la prórroga indefinida) de sus pactos provinciales. Sus convenios no tienen un referente en los estatales, luego se verán abocados a la regulación que fija el Estatuto de los Trabajadores. El empleador estaría entonces en condiciones legales de rebajar sus emolumentos hasta el Salario Mínimo Interprofesional, fijado para 2013 en 645 euros al mes.

Aunque sindicatos y patronal creen que no va a ser una medida generalizada, todos coinciden en que puede producirse una caída salarial en el caso de pequeñas empresas, y una pérdida general de otras condiciones como jornada y otros derechos en el caso de las pymes. Un escenario desconocido para empresarios y trabajadores y que nadie se atreve a aventurar qué panorama social alumbraría.

La reforma laboral explicita, además, que para evitar el vacío en una comunidad autónoma, en caso de no haber una comisión tripartita que arbitre las discrepancias, la autoridad laboral tienen que solicitar la colaboración del Ministerio de Empleo para crear un mecanismo de arbitraje transitorio.

El presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), Tomás Arrieta, propone una salida pactada a ese nudo, aún mayor en Euskadi, que supone el arbitraje obligatorio en las empresas. Frente a esa externalización del conflicto laboral, Arrieta propone dejarlo en casa: pactar entre los agentes que, en primera instancia, la discrepancia se resuelva en un órgano de mediación como el Preco, en el que las partes siguen manejando el conflicto.

Los sindicatos ven difícil un acuerdo para preservar los convenios sectoriales

“Si queremos que la flexibilidad se negocie en las empresas y mayoritariamente se aplique a través de acuerdos, necesitamos diseñar procedimientos que, pactados en los convenios y desarrollados en el Preco, conviertan la intervención de terceros [la comisión tripartita] en una solución marginal”, explica.

La realidad es que, en una comunidad en la que ELA se mantiene deliberadamente al margen de cualquier iniciativa relacionada con el diálogo social, LAB se configura como el sindicato clave que puede abrir y cerrar puertas en una u otra dirección. CC OO y UGT no son demasiado optimistas respecto de que sea posible volver a intentar un pacto entre sindicatos y patronal para salvaguardar los convenios provinciales.

Arrieta opina que un “acuerdo interprofesional” puede suponer un esfuerzo extra para los agentes sociales, pero tendrá la ventaja de “dejar la negociación colectiva aquí” y de proteger la negociación sectorial para evitar que “una parte muy importante de la población asalariada se quede sin cobertura”. En muchas pymes, que suponen la gran mayoría del tejido industrial, no hay representación sindical.