Reus pierde 25 millones por un centro comercial fallido

Las carambolas financieras ideadas en el Ayuntamiento de Reus (Baix Camp) durante los mandatos de Lluís Miquel Pérez (PSC), cuando Josep Prat —expresidente del Instituto Catalán de la Salud— era director general de Servicios del Consistorio, siguen pasando una cara factura al municipio. El último caso, consumado esta semana, supone un agujero de más de 25 millones de euros por la revocación a la constructora Metrovacesa de la concesión para construir un centro comercial en el solar de la antigua Fira.

La jugada ideada por Pérez y Prat preveía que Metrovacesa pagara cinco millones anuales durante cinco años como canon. Con este dinero Reus pensaba financiar la edificación de la nueva Fira. Las lagunas en el contrato entre Ayuntamiento y constructora, sin embargo, han permitido a esta eludir los pagos y el centro comercial es hoy una mole de hormigón a medio alzar y con las obras paralizadas desde junio de 2011 por la complicada situación de Metrovacesa.

El caso ha sido desde el inicio de este mandato, según el alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), “el gran problema” del Consistorio. El Ayuntamiento concedió la licencia de obras en septiembre del 2008. Era época de gastos sin límites y la crisis aún no había estallado.

Metrovacesa asumió las obras y se comprometió a pagar cuando el centro comercial abriera un canon de cinco millones de euros anuales durante los primeros cinco años. En realidad, la factura del fiasco para Reus será mayor, ya que después de este plazo de tiempo estaba previsto que la constructora siguiera pagando al municipio una cantidad de unos 2,2 millones anuales mientras siguiera al frente del complejo.

Ante esas perspectivas optimistas, pese a no tener asegurados los pagos, el Gobierno de Pérez trazó un complejo plan financiero para utilizar los hipotéticos ingresos del centro comercial: El Consistorio necesitaba dinero para la nueva Fira, por lo que firmó mediante Redessa, una empresa controlada por Innova —el holding empresarial municipal— un crédito de 37,6 millones para financiar el equipamiento. De este dinero, 32 millones fueron avalados directamente por el Ayuntamiento. Pérez y Prat pensaron que gran parte de esta cantidad estaría cubierta con el canon recibido de Metrovacesa. Sin embargo, el contrato firmado con esta empresa entrañaba riesgo: si la constructora no cumplía y el centro comercial no se inauguraba, Metrovacesa no estaba obligada a abonar las anualidades. La crisis hizo realidad este escenario.

El Ayuntamiento requirió a la constructora retomar las obras en dos ocasiones, el 27 de abril y el 27 del septiembre del año pasado. Pero Metrovacesa comunicó al Consistorio el pasado 11 de diciembre que no podía finalizar las obras en el plazo fijado y, por tanto, no podía ejecutar el contrato acordado. La licencia expiraba el 22 de marzo de 2013, pero ante la imposibilidad de que Metrovacesa retomara las obras, Pellicer ha decidido romper ya tanto el contrato como las negociaciones con la empresa.

El diálogo estaba en vía muerta desde hacía meses. La rescisión, que ha sido avalada por informes jurídicos municipales, se hará efectiva el lunes durante un pleno extraordinario. Después, el Ayuntamiento confiscará los dos millones de euros en concepto de garantía aportados por la empresa. Además, reclamará a Metrovacesa “los daños y perjuicios” causados. La constructora ha declinado ofrecer su versión hasta recibir la notificación oficial del Ayuntamiento.

Por ahora, el Consistorio, tras recuperar el inmueble negociará con “otros operadores interesados” un proyecto alternativo en el mismo solar. Pero eso no basta: La carambola gestada durante los mandatos de Pérez ha comportado que Reus renegocie sus créditos con los bancos. Los están pagando como pueden, pidiendo aplazamientos en algunos casos, relatan fuentes municipales. El Ayuntamiento tiene una deuda de 389 millones de euros.

La oposición critica la inacción durante los últimos dos años en el caso Metrovacesa y el agravio que podría suponer un litigio con la constructora, pero entienden la decisión de Pellicer. La CUP afirma que el contrato debería haberse roto hace meses. La formación independentista denuncia “la actuación del anterior Gobierno, asesorado por el señor Josep Prat, en el diseño de un proyecto de ingeniería financiera que ha llevado a la ciudad a la grave situación actual”, según el concejal David Vidal.

El PSC y Ara Reus, por su parte, acusan a Pellicer de “inacción” y de no haber solucionado la operación.