Un centenar de afectados por una estafa masiva en la Costa del Sol recusa al juez

Un centenar de afectados por una supuesta estafa inmobiliaria cometida en la Costa del Sol, República Dominicana y Marruecos ha recusado al instructor de la causa, José Emilio Coronado Ruz, titular del juzgado de instrucción número 16 de Madrid, porque su hermano Ignacio Coronado Ruz, está vinculado societariamente al principal implicado en el supuesto fraude, Ricardo Miranda Miret.

La querella por la estafa, que alcanza los 4 millones de euros, lleva casi dos años en instrucción. Sin embargo, los perjudicados han descubierto justo ahora el parentesco. Según el escrito de los abogados Antonio Flores y Luis Fernando González, el hermano del instructor ha sido “accionista, secretario e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical SA”, también propiedad del principal imputado.

El bufete encargado del caso también ha solicitado una ampliación de la querella inicial con la que pretenden que se impute al hermano del magistrado y a los empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor. Estos dos últimos han sido procesados y están pendientes de sentencia por el caso Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí.

Según los abogados, el hermano del magistrado ha sido también representante de la sociedad CCF S. A., dueña de unos terrenos en República Dominicana. Estas mismas parcelas también pertenecen a la sociedad CCF 21 Negocios Inmobiliarios S. A., cuyos dueños son los empresarios Sánchez y Liétor.

Los afectados por la supuesta estafa, en su mayoría británicos, lamentan que el juez no haya tomado medida cautelar alguna desde que comenzó a instruir la querella y no descartan “acciones judiciales directas”.

La defensa del promotor Ricardo Miranda sostiene que en este tiempo se ha demostrado que su defendido devolvió “todo el dinero que le reclaman”. “Se ha acreditado con transferencias bancarias”, añade el abogado Alberto Fraguas.

Los perjudicados llegaron a pagar 4,2 millones por unas viviendas que no se construyeron

Los querellantes acusan a Miranda y a la comercializadora Ocean View Properties, en proceso de liquidación, de cobrar sumas millonarias por tres promociones que nunca llegaron a construirse. Según sus testimonios, 43 de ellos llegaron a pagar 4,2 millones de euros por unos apartamentos en Estepona para los que, según la querella, el promotor no tenía ni la propiedad del terreno, ni llegó a solicitar licencia de obra. La entrega media oscilaba entre los 70.0000 y 100.000 euros, aunque algunos aportaron hasta un millón de euros por varias propiedades.

Según la querella, la inmobiliaria Ocean View Properties se encargaba de comercializar las promociones y les daba a firmar un contrato tipo, en el que nunca aparecía la firma del promotor. Las promociones se llamaban Estepona Beach&Country Club, Punta Perla Marina (Republica Dominicana) y Tafedna Bay (Marruecos). Los afectados acusan al empresario de desviar el dinero que le entregaron por la promoción de Málaga a sociedades de República Dominicana.

Miranda mantiene que la inmobiliaria Ocean View Properties le encargó que construyera la urbanización de Estepona y que le adelantaron por este trabajo 12 millones. El proyecto “no fue viable por problemas administrativos”, entonces, según su testimonio, devolvió a la inmobiliaria los 12 millones con una serie de transferencias que asegura haber acreditado.