“Es imprescindible cambiar el uso del inasumible centro de convenciones”

En 2007, iba a ser un rascacielos circular de 120 metros de altura junto a las cuatro torres del paseo de la Castellana. Un “ambicioso” centro de convenciones con capacidad para 30.000 personas. “Un gran sol artificial que iluminará la ciudad, ¡Madrid, donde no se pone el sol!”, glosa aún el Ayuntamiento en Internet. Hoy, sin embargo, es un inmenso agujero que amenaza con venirse abajo si no recibe el mantenimiento adecuado de forma urgente. Un agujero literalmente, y un agujero económico para el Ayuntamiento, que ni siquiera ha logrado convertirlo, como pretendía, en un aparcamiento subterráneo para ir saliendo del paso mientras decide qué hacer allí. Un informe del área de Hacienda al que ha tenido acceso EL PAÍS señala que la situación “debe ser resuelta lo antes posible”, y vierte dudas sobre la seguridad de la instalación a corto plazo. El coste del proyecto “es inasumible” y “sería imprescindible” cambiar su uso.

Los arquitectos Emilio Tuñón, Luis Mansilla y Matilde Peralta ganaron en 2007 el concurso de ideas convocado por el anterior alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El edificio, de 200.000 metros cuadrados, iba a costar 300 millones de euros. La primera fase de las obras se adjudicó en abril de 2009 a la constructora Acciona por 16 millones. Debía hacer, en el plazo de un año, el agujero en el que poner los cimientos. Entre tanto, se convocarían el resto de concursos para concluir el edificio. Pero un año después, en mayo de 2010, lo que pasó es que Gallardón suspendió las obras.

La constructora continuó la excavación de toda la estructura bajo rasante, y apuntaló su “seguridad y estabilidad” con muros y anclajes. Esa estructura tenía una vida útil legal de dos años, que se cumplieron en febrero de 2012. La constructora “realizó lo que consideran obra mínima para garantizar la estabilidad”, y volvió a paralizar la obra. Para entonces, ya había costado 99 millones.

El Ayuntamiento encargó un estudio sobre la estabilidad y mantenimiento de la estructura. El Instituto de Control de Calidad se limitó a certificar que aguantará hasta que el informe esté listo.

Pero los inspectores del área de Hacienda, que visitaron la obra el pasado 10 de diciembre, creen que, “al mismo tiempo que se termina el informe relativo a la seguridad, se debería resolver el contencioso existente con la constructora, e iniciar un periodo de reflexión sobre el destino final del proyecto”. El contencioso al que se refiere, “un complejo panorama que debe ser resuelto lo antes posible”, mezcla las reclamaciones económicas de la empresa y la falta de fondos del Ayuntamiento para liquidar la obra, agravado todo por la muerte del arquitecto Luis Mansilla en febrero de 2012.

“El Ayuntamiento debería reflexionar sobre el destino final de la parcela, puesto que la mayor parte de los objetivos que pretendía cumplir su construcción hoy no se encuentran vigentes, su coste es inasumible, y es muy posible que un cambio en los usos que se iban a implantar sea imprescindible”, concluye el informe.