Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los casos valencianos de corrupción urbanística doblan la media española

Nueve comunidades destacan por escándalos relacionados con la burbuja inmobiliaria

Zona urbanizada en el litoral valenciano.
Zona urbanizada en el litoral valenciano.

Más de un 8% de los municipios de España (676 de un total de 8.116) se vieron involucrados en casos de corrupción urbanística en el periodo 2006-2010, la época de expansión de la burbuja inmobiliaria y del urbanismo salvaje. La Comunidad Valenciana, con 94 municipios afectados (lo que representa un 17,3%) es una de las cuatro autonomías que duplican la media del 8,35% estatal, junto a Galicia, Andalucía y Cantabria. Otras cinco comunidades superan esas cifras y porcentajes. Se trata de Madrid y Asturias, que triplican la media, de Canarias y Baleares, que la cuadruplican y de Murcia, que multiplica por siete la media española.

Esta evaluación del impacto de la corrupción urbanística, que alcanza a municipios habitados por 26,3 millones de personas (el 56,1% de la población española) está recogida en un estudio de Luis M. Pérez Darías, Víctor O. Martín y Ramón Pérez González, de la Universidad de La Laguna, titulado Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España, y se basa en una investigación de más amplio alcance, financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia, sobre las características singulares que, debido a la burbuja inmobiliaria y la corrupción, ha adquirido la crisis económica en los países del sur de la eurozona conocidos como PIGS (acrónimo de las iniciales en inglés de Portugal, Irlanda, Grecia y España). El trabajo fue publicado en el número 87 de Ería, revista cuatrienal de geografía de la Universidad de Oviedo.

“La expansión económica se entretejió con la corrupción”

Según los autores del estudio, la corrupción es solo “la punta del iceberg” de un urbanismo desmesurado cuyas consecuencias y efectos preocupantes, por ejemplo sobre el sistema financiero y la actividad económica, todavía están por aclarar. “El último ciclo económico expansivo de España”, constata el estudio, “basado en el boom inmobiliario y el consumo, finalizó en 2008, haciendo entrar al país en la crisis más importante de su historia reciente: cifras récord de parados, deflación, decrecimiento del PIB, endeudamiento público y privado. Un sombrío panorama en el que algunos datos pueden dar cuenta de la indiscutible relación entre la crisis económica y el boom inmobiliario de la última década”.

El más evidente de esos datos es que España, que apenas representa el 10% del PIB europeo, ha construido desde 2000 el 30% de todas las viviendas en la Unión Europea. La mayoría de esas nuevas viviendas se han financiado con dinero que procedía del exterior, por lo que la crisis inmobiliaria española está estrechamente ligada a la crisis financiera.

“Parece que una gran parte de la expansión económica, del milagro económico español, se entretejió con la telaraña de la corrupción política y urbanística”, señala la investigación. “Parece también que esta ligazón entre la economía, la deuda y la corrupción ha sido propia de los países de la periferia de la Unión Europea de la moneda única”. Tras estudiar algunos casos en Portugal, Irlanda y Grecia, el estudio hace una búsqueda exhaustiva y pormenorizada de la casuística de la corrupción urbanística en España, algo que elabora a partir de la información extraída de la prensa, dado que “España no dispone de ninguna estadística oficial que recoja información de este tipo”.

El resultado constata que “el problema de la corrupción urbanística municipal presenta una enorme envergadura en España y existen comunidades autónomas donde está mucho más acentuado”. Afecta principalmente a “aquellos municipios donde se está acentuando la economía inmobiliaria, es decir, donde el referente urbano ya era destacable (urbanos, turísticos y en menor medida mixtos: un 50% de los casos)”, pero también a municipios que se están incorporando al modelo económico inmobiliario desde una base tradicional agrícola o industrial. Por lo que se refiere a los partidos, las tres cuartas partes de los casos se los reparten el PP (44%) y el PSOE (31,2%), “mientras que el 25% restante corresponde a partidos autonómicos, nacionalistas y regionalistas y los de ámbito local, así como IU y gobiernos de coalición”.

Se recurrió de forma indiscriminada al paso de suelo rústico a urbanizable

Los casos de corrupción municipal por el partido gobernante coinciden con el partido gobernante en Andalucía, con el PSOE, y en Murcia, Madrid y la Comunidad Valenciana, con el PP. En general, por tipos de irregularidades urbanísticas, el 88% se relacionan con la planificación y el suelo; es decir “con la propiedad del suelo y con el instrumento que permite la revalorización del mismo”. ¿Por qué se ha desarrollado la corrupción urbanística?, se pregunta el estudio. Algunas de las explicaciones son el interés de “una determinada fracción de las clases dominantes” por elevar la renta diferencial de la tierra al capitalizarla para urbanizarla, así como una administración local y unos partidos “predispuestos al soborno”. Los casos de corrupción evidencian “cómo se recurre de manera indiscriminada a determinados instrumentos de las leyes y los reglamentos para facilitar la transformación del suelo rústico en urbanizable”.

“¿Habrá que volver a estudiar el suelo, la propiedad del suelo urbano y el nuevo caciquismo como clave explicativa de la situación de atraso y escasa productividad y competitividad de la economía española, de las altas tasas de paro, de la desagrarización y desindustrialización y del calado de la actual crisis que soporta y soportará España, de la misma manera que hubo que estudiar la agricultura, la propiedad de la tierra y el viejo caciquismo del débil desarrollo del capitalismo español en la primera mitad del siglo pasado?”, se preguntan los autores a modo de conclusión.

Más información