Corrupción y urbanismo salvaje

La burbuja inmobiliaria, alimentada por el urbanismo salvaje, ha sido el caldo de cultivo ideal para las tramas de corrupción política y empresarial vinculadas a la construcción ilegal. La estela de este entramado corrupto se extiende a lo largo de la Comunidad Valencia, apenas dos años después del parón del ladrillo. El denominador común de todos casos, léase Catral, Bigastro, Zarra, Llíber, o Montroi, es que se trata de pequeñas poblaciones, cuyos alcaldes, en connivencia con funcionarios y profesionales (abogados, ingenieros, promotores y notarios), han sacado tajada a la autonomía de la que gozan los municipios en materia urbanística y han engordado las arcas municipales y, de paso, sus bolsillos haciendo la vista gorda a cambio de sobornos millonarios sobre las miles de casas levantadas en suelo rústico.

Las tramas incluso han asesinado para controlar el negocio del ladrillo

"Es necesario una nueva ética política y echar de las listas a los corruptos"

El arresto del ex alcalde del PP de Montroi por autorizar 77 chalés en suelo rústico es la última muesca de la corrupción urbanística que, en algunos casos, ha igualado las sangrientas cotas del hampa: en Polop la justicia investiga si el concejal de Urbanismo, Juan Cano, contrató a dos pistoleros para ejecutar a su alcalde, Alejandro Ponsoda, y poder así manejar el urbanismo municipal a su antojo. La inoperancia de la disciplina urbanística municipal, agravada por la ineficacia del agente supervisor superior, es decir, el Consell, ha provocado la irrupción de la policía y jueces para poner coto, por la vía penal, a la bicha de la corrupción. Expertos consultados por este periódico abogan por enterrar el depredador modelo urbanístico de los noventa y, en paralelo, expulsar de las listas, a los cargos afectados. Los políticos implicados en las tramas urbanísticas saben que la corrupción, hasta ahora, no pierde elecciones.

Las víctimas han sido los compradores europeos, mayoritariamente la poderosa colonia de jubilados ingleses y alemanes, que animados por su boyante economía compraron casi a ojos cerrados viviendas ilegales. A la consumación de la estafa ayudó la falta de ética de los agentes autóctonos sabedores de la ilegalidad de las operaciones. Cuando el engaño ha saltado a la opinión pública reclaman la legalización de sus viviendas y las correspondientes indemnizaciones.

Las primeras alarmas sobre la inseguridad jurídica que envolvía el urbanismo valenciano saltaron en las postrimerías del boom de la construcción de la mano del colectivo Abusos Urbanísticos No. Enrique Climent, presidente del colectivo, resalta que el aluvión de casos de corrupción que ha florecido en el último trienio es, en parte, fruto de su denuncia. "No hay que olvidar que la Justicia en España es lenta", precisa. Para Climent, el origen de este problema está en la normativa urbanística valenciana. "El problema parte de la Ley Reguladora de la Actividad urbanística (LRAU), una ley sin criterio ni lógica que permitió a unos señores [los agentes urbanizadores] actuar como cuatreros y apropiarse del suelo de los particulares", explica. "Un partido [el PSPV] la aprobó, y otro [el PP] la aplicó durante 11 años sin reglamentos", añade.

La entidad ha trasladado desde 2002 y hasta la actualidad más de 20.000 quejas (el 80% de residentes en la Comunidad Valenciana) al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Otro efecto de la actividad del colectivo, fueron las tres visitas (2004, 2005 y 2007) de una delegación del mencionado organismo europeo a la Comunidad Valenciana para verificar sobre el terreno las denuncias de afectados por supuestos abusos urbanísticos.

La conclusión de este trabajo fue el denominado informe Auken, un demoledor documento que explicó a toda Europa las "trampas" que encerraba el urbanismo valenciano. El informe fue aprobado por el Parlamento Europeo, y sólo un cambio de actitud a última hora del PSOE evitó que los eurodiputados aprobaran una propuesta a favor de una moratoria urbanística.

La actitud del Consell ante las visitas del Comité Peticiones fue siempre displicente. A la primera delegación ni tan siquiera la recibió el entonces consejero del ramo, Rafael Blasco. "Dijeron que los supuestos abusos urbanísticos eran aislados, simples ovejas negras", comenta Climent. "El tiempo nos ha dado la razón, y el rebaño no parece tan blanco", añade.

Climent resalta la buena fe con la que actuaron los compradores, sobre todo los ingleses: "Compraron porque su economía se lo permitía, pero fiaron todo en la operación, y vendieron sus casas en sus países de origen a cambio de una vivienda ilegal en España. Han sido engañados, y como ejemplo, un ciudadano inglés afectado por la trama de Montroi. Este señor firmó dos contratos, uno en inglés y otro en español, pero no sólo la lengua era distinta, sino también el contenido de las cláusulas".Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante y presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) apunta a la filosofía del modelo de construcción como origen del problema. "Todo ha sido una consecuencia del modelo de construcción, basado en hacer negocio a corto plazo que aboca indefectiblemente a la especulación y la corrupción", añade. Para el académico, otro factor clave ha sido la complicidad de la sociedad. "Complicidad que ha llegado hasta las cúpulas de los partidos, sobre todo del PP. No se ha hecho ningún esfuerzo por la regeneración y la ética política. El PP ha erigido su imperio político sobre la opacidad", explica. Alcaraz aboga por el veto en las listas a los políticos corruptos en las listas. El profesor apuesta por un cambio de la legislación: "Por ejemplo, hay que introducir el tipo delictivo de enriquecimiento ilícito. No es normal que cargos públicos con sueldos de 3.000 euros exhiban esos rutilantes trenes de vida", razona.

El controlador ausente

Alcaraz destaca como clave de este generalizado fenómeno de la corrupción urbanística la quiebra de los mecanismos de control, primero los departamentos de disciplina urbanística de los municipios y, segundo, la acción supervisora del Consell. En esta tesis abunda el ecologista y experto en temas urbanísticos Carlos Arribas. "La proliferación de casas ilegales en suelo rústico sólo tiene un origen la pasividad del Consell a la hora de aplicar sus competencias recogidas en la ley de suelo no urbanizable de 1994", explica. "Esa norma incluye suficientes mecanismos, como las Declaraciones de Interés Comunitario y los agentes medioambientales para haber frenado las edificaciones ilegales", asevera el portavoz de Ecologistas en Acción en Alicante. "Pero no se ha hecho nada, sólo la intervención del planeamiento de Catral, que al final resultó un brindis al sol", añade. La crítica del ecologista alude a la iniciativa del entonces consejero de urbanismo, Esteban González Pons, de intervenir el planeamiento urbano de Catral para evitar la proliferación de casas en la huerta. El decreto, se produjo dos años después de una investigación judicial en curso, cuando ya había levantadas 1.200 casas y un día antes del debate de la moción de censura del PSPV al jefe del Consell, Francisco Camps, el 4 de octubre de 2006.

La desregulación de la norma urbanística, la ausencia del control por parte del Consell y la connivencia de funcionarios (aparejadores, secretarios, arquitectos) y profesionales del sector, son las causas de la corrupción urbanística para otro experto en la materia, Honorio Fernández, presidente de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU), que denunció ante los tribunales la situación de las casas ilegales de Catral, asegura: "Montroi, Llíber, todo es más de lo mismo y como consecuencia de la sucesiva desregulación de la norma urbanística que comenzó con el Gobierno de Aznar, y que se trasladó a la Comunidad Valenciana, con la permisiva LRAU, que se aplicó sin reglamentos hasta 2005", explica.

Cooperantes necesarios

Fernández subraya la "necesaria cooperación" de otros profesionales para que las tramas materializaran las estafas. "Sin ellos: arquitectos y aparejadores municipales, más preocupados en cómo saltarse la ley para dar luz verde a PAI antes que aplicar la disciplina urbanística, no hubiera sido posible. Y el resultado lo han pagado los compradores, que viven un doble drama, una casa ilegal y sin servicios".

Uno de los colectivos profesionales aludidos en este apartado de la cooperación necesaria, se explica. César Belda, decano de los notarios de Valencia, expresa su preocupación por el escenario de corrupción urbanística. Defiende la actuación de los notarios, porque "a pesar de lo que se conoce y del impacto que tiene, son excepciones". Según el decano de los notarios, el Colegio está colaborando en la prevención de este tipo de delitos. ¿Cómo? Fomentando la formación continua de los notarios sobre las modificaciones legislativas nacionales y autonómicas en materia de urbanismo, colaborando estrechamente con la Guardia Civil, con la Fiscalía y con los jueces, y aumentando el celo en la detección de las ilegalidades. Es contundente, "sí hay un notario implicado, que conocía las ilegalidades, debemos, yo el primero, actuar contra él. Porque la gran mayoría cumple su obligación". "Nuestro trabajo es precisamente velar por la legalidad", añade.

Los expertos consultados reconocen el cambio en ámbito judicial para perseguir las tramas, aunque reclaman mayor contundencia para restituir la legalidad urbanística, mediante demoliciones. La cruzada por la protección del entorno mediante el derecho penal la lidera el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher. El empeño de Vercher fue apuntalado por una reciente sentencia del Tribunal Supremo que apuesta por la vía penal "ante la inoperancia de la disciplina administrativa". El ministerio público valenciano secunda la propuesta de Vercher, sobre todo en el apartado de la construcción ilegal en suelo no urbanizable. Pero resalta la falta de colaboración de los Ayuntamientos y el Consell. La Fiscalía señala que ha reclamado en varias veces información al Consell sin éxito.