Un cártel en los muelles de Barcelona

El negocio del transporte de contenedores en el puerto de Barcelona fue víctima de “un cartel” que impedía la libre competencia. Al menos entre los años 2006 y 2011, según lo considera la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que ha impuesto una multa a dos patronales de transportistas y a la propia Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), el gestor portuario, participado por las Administraciones. Los hechos investigados se remontan a entre 2006 y 2011 y sus conclusiones conllevan sanciones por valor de 20 millones de euros.

El origen de las prácticas anticompetitivas se encuentra en un acuerdo suscrito por las dos organizaciones de transportistas implicadas en el expediente sancionador, la Asociación Logística de Transporte de Contenedores (ALTC) y Transcont (ahora denominada Cotraport). Con este, las dos patronales fijaban las tarifas y las condiciones comerciales, limitaban y controlaban la producción y repartían el mercado dentro de las instalaciones portuarias. La implicación de la APB se centraba en la organización del observatorio de costes que servía de base para marcar unos precios que después eran remitidos al resto de actores del transporte, que los trataban como oficiales.

Según la resolución de Competencia, “el cártel formado por los autónomos y las empresas ha alterado las condiciones de competencia que podrían existir en este mercado: alterando la competencia entre los autónomos a la hora de ofertar sus servicios a las empresas transportistas, la competencia entre estos autónomos y las empresas de transporte para captar clientes finales y la competencia entre las empresas de transporte”.

ALTC, con unas 60 empresas asociadas y alrededor de 1.200 chóferes, deberá asumir una sanción de 15,2 millones de euros. Transcont, una cooperativa de camioneros con unos 600 autónomos asociados, deberá afrontar una sanción de 5,25 millones de euros. Fuentes cercanas a esta última organización negaron la existencia de ningún cártel y explicaron que la sanción está calculada en base al 10% de la facturación de cada autónomo.

El control sobre la actividad alcanzaba incluso la elección de transportistas que podían operar en el puerto. Los asociados de las dos organizaciones debían pedir permiso para poder hacerlo, lo que no conseguían hasta que las respectivas asambleas y las juntas directivas decidían su incorporación al grupo. Para ello, recibían una etiqueta que debían llevar en zona visible del camión.

Ningún transportista podía fijar sus propias tarifas, que llegaban determinadas por ALTC en consenso con Trancont. Para ello utilizaban el denominado observatorio de costes, en cuya elaboración estaba implicada la Autoridad Portuaria de Barcelona. Habían creado un listado de precios estructurado básicamente en función de una serie de tramos kilómetricos que se iban ajustando en función de las subidas del IPC o del encarecimiento del combustible. Las compañías de transitorios, consignatarios y agentes de aduana tenían ese listado de precios de ALTC, que, según Competencia, promovía como “la tarifa” del puerto.

Ambas compañías ya saben lo que es una sanción de Competencia. En 2008 ya fueron sancionadas con multas de siete millones de euros para cada una de ellas. Pese a recurrirlas, la Audiencia Nacional las confirmó el pasado año. La Autoridad Portuaria de Barcelona seguirá el mismo camino y recurrirá. Niega haber realizado “ninguna actuación potencialmente restrictiva de la libre competencia" y aseguraque su única actuación ha sido guiada “por la búsqueda del diálogo y la paz social”.