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Alcaldes del PP contra minas y eólicos de la Xunta

Los regidores de Moaña y Quiroga optan por alinearse con la oposición y aprueban en pleno medidas para evitar que los proyectos industriales hieran su paisaje

Vigo / Santiago de Compostela
Marcha contra el parque eólico proyectado en Pedras Negras, en el ayuntamiento pontevedrés de Moaña.
Marcha contra el parque eólico proyectado en Pedras Negras, en el ayuntamiento pontevedrés de Moaña.

Dos plenos municipales celebrados esta semana valieron para escenificar ante la Xunta y ante el vecindad el alineamiento de dos alcaldes populares con el sentir de la mayoría y para transmitir el mensaje claro, a la Administración autonómica, de que el poder local tiene capacidad de decir la última palabra. Moaña y Quiroga, cada una a su manera, se blindan contra el previsible aterrizaje de un parque eólico y una cantera de pizarra que, respectivamente, podrían causar estragos en dos áreas protegidas y con bienes patrimoniales: el perfil montañoso de O Morrazo y el enclave de Montefurado, primer túnel construido por los romanos en la Península Ibérica. Pero en realidad son más los regidores del PP que en los últimos meses han mostrado su rechazo a diversos proyectos industriales tramitados o ya aprobados por el Gobierno gallego, incluso ayer el alcalde de Arnoia, José Camilo Fariñas, confirmó que ya tiene preparadas sus alegaciones a un proyecto que busca minerales estratégicos en el sur de Ourense.

“No se autorizará bajo ningún concepto”, expone, rotundo, José Fervenza, alcalde de Moaña, sobre el parque eólico que la Consellería de Industria adjudicó en las cumbres más elevadas de la península de O Morrazo. Juzga “imposible” que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Enel Green Power para la colocación de 14 aerogeneradores de 120 metros obtenga el visto bueno del Gobierno autonómico. Enumera una retahíla de “carencias” en ese documento —faltan los informes sobre patrimonio, paisaje, el de Augas de Galicia—, al que ha presentado alegación.

Está convencido, porque así se lo han transmitido los técnicos, de que la Declaración de Impacto Ambiental que emita Medio Ambiente resultará negativa. Se sitúa así con los colectivos vecinales y ecologistas que, desde el principio, han venido criticando este proyecto enclavado en tierra quemada en la ola de 2006 —la empresa lo ha bautizado Pedras Negras, con poca fortuna o mucho sarcasmo— y en terrenos protegidos por las normas urbanísticas vigentes.

Fervenza gobierna en minoría porque BNG y PSdeG no se pusieron de acuerdo para reeditar una coalición. Sobre él pende la espada de Damocles de una moción de censura, pero en este asunto las tres fuerzas políticas están de acuerdo, y así lo han expresado con la aprobación de una declaración contraria al parque en el pleno del pasado jueves. “Cumplo con mi deber”, zanja cuando se le pregunta si esta posición le puede traer problemas con el partido. El rechazo no se queda en este municipio, sino que en Marín, gobernado por los conservadores y también afectado, se ha aprobado una moción crítica gracias a la abstención de los populares.

La misma línea combativa de Fervenza la mantiene Fernando Guitián, regidor de Gondomar, contra el eólico que el mismo concurso habilitó en la Serra do Galiñeiro. En este caso, la reacción social ha sido quizás más intensa que al otro lado de la ría de Vigo. De hecho, todos los municipios afectados (el citado Gondomar, Mos y O Porriño, del PP y Vigo, del PSdeG) han aprobado mociones y remitido alegaciones. Guitián habla de “unidad de acción” con los otros dos alcaldes del PP para intentar parar la instalación de los 13 aerogeneradores. De hecho, si la Xunta no atiende a su petición, barrunta un “frente común” por otras vías.

Con todo, es el Gobierno gallego quien tiene la sartén por el mango para la aprobación de los proyectos. Fraga diseñó un desarrollo eólico en el que la Xunta puede obviar las reivindicaciones municipales. A los regidores solo les queda la baza de la presión política basada en el apoyo vecinal. El tiempo dirá si tienen cartas para ello o van de farol.

Como de farol pensaban bastantes vecinos de Quiroga que iba su gobernante, el popular Julio Álvarez, hasta que esta semana, en el primer pleno municipal del año, representó con todo lujo su firme defensa de lo que él llama “el marco” o “la foto” de Montefurado: “Todo lo que se percibe desde el mirador tiene que quedar intacto”, advierte. En noviembre, el alcalde había restado importancia al proyecto, asegurando que afectaba sobre todo al municipio ourensano de Larouco. Pero las denuncias, primero de un particular (que promovió una recogida de firmas al descubrir en un DOG de hacía varios meses que la Xunta había dado el visto bueno a la apertura de una pizarrera a escasa distancia del lugar), y después de la Asociación Boca do Monte y del BNG, fueron en aumento. Así que al final “sucedió algo inédito”, comenta el edil nacionalista Xabier Castro: oposición y gobierno aprobaron “por unanimidad” ampliar a lo máximo imaginable las protecciones urbanísticas y patrimoniales de Montefurado. Ahora mismo, insiste el regidor, es “imposible”, “inviable”, cualquier mina que dañe aquel paisaje.

Existía ya para el túnel que perforaron los romanos con el fin de desviar el agua del Sil y secar el meandro para extraer oro la máxima protección en el PXOM y tras el acuerdo de esta semana se amplió varios metros. Además, se acordó solicitar la declaración de BIC a Cultura y la de Patrimonio de la Humanidad a la Unesco. La protección no solo sería para el túnel grande (en tiempos de 120 metros y ahora reducido a la mitad por un derrumbe) y su hermano pequeño, sino para todas las minas de oro o medorras y los castros que salpican la zona.

“La Xunta tiene una normativa y el Ayuntamiento otra. Al final, el territorio depende de nosotros”, avisa Julio Álvarez cuando explica que está extrañado porque el promotor de la cantera aún no se ha dirigido a él para resolver los pertinentes permisos municipales. Efectivamente, el beneficiario de la concesión minera, Carlos López Navaza, exdirectivo de Fenosa, confirma que lo hará cuando escampe la crisis del ladrillo. El empresario cuenta también que inició los trámites de la licencia en el ministerio en 1982 y que ahora está en contacto con “pizarreros de la zona” para este proyecto. Por último se compromete: “Mientras yo siga en esto buscaré el consenso, y velaré por el medio y el efecto visual”.