Puros, excursiones y falsos pedagogos

El dinero malversado por la trama del caso Pallerols se repartió entre muchos bolsillos. Casi la mitad del dinero sirvió para sufragar gastos de Unió Democràtica, que con la adhesión al pacto judicial —figura como responsable civil y partícipe a título lucrativo en la causa— se convierte en el primer partido de la historia de España que admite haberse financiado de forma irregular.

Por mucho que Unió lo niegue públicamente, el relato de los hechos que ha sido aceptado por las partes avala esa tesis. Y la corrobora el hecho de que el partido de Josep Antoni Duran Lleida —que se ha librado de tener que comparecer como testigo en una vista oral de cuatro meses, con un alto desgaste político y personal— haya asumido el pago de toda la indemnización, a pesar de que deben devolverla solidariamente las cuatro personas que serán finalmente condenadas: Lluís Gavaldà (un año y medio de cárcel por malversación); Fidel Pallerols (siete meses por fraude de subvenciones y multa); Vicenç Gavaldà (la misma pena que el empresario); y Santiago Vallvé, condenado a una pena sustituible por multa. Todos deben pagar, además, multas que suman unos 250.000 euros.

El resto del dinero desviado tuvo fines muy diversos. Vallvé, por ejemplo, emitió facturas falsas por 33.000 euros a las empresas de Pallerols por un “asesoramiento pedagógico” y un “apoyo a profesores” inexistentes. Vicenç Gavaldà, por su parte, recibió 99.000 euros en cinco entregas. Otra partida menor se destinó a comprar dos ordenadores: uno para el centro cultural gitano de la Mina —un barrio a las afueras de Barcelona— y otro para Lluís Gavaldà. También se usó dinero público para comprar puros para la boda de la hija del fallecido Juan Martín Toribio, que entonces tenía un cargo en Trabajo. A otro responsable de Trabajo en Lleida, Pere Grau, se le pagaron los gastos por asistir a un encuentro en el Pirineo catalán.