El fiscal pide a Unió que devuelva 595.000 euros por el ‘caso Pallerols’

Casi 14 años después de que estallase el caso, la Audiencia de Barcelona empezará a juzgar a partir de hoy el llamado caso Pallerols por la malversación de fondos de la Generalitat dedicados a la formación de parados y el desvío a Unió Democràtica (UDC) de una parte del dinero.

La fiscalía acusa directamente al partido de Josep Antoni Duran i Lleida como responsable civil a título lucrativo y por primera vez en la historia judicial española reclama que una formación política devuelva el dinero público del que supuestamente se benefició en un caso de corrupción política. En concreto, 595.972 euros que, según la tesis de la fiscalía, fueron a parar a Unió procedentes de los 8,8 millones que el Departamento de Trabajo de la Generalitat otorgó entre 1994 y 1999 y las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols.

Convergència Democràtica también se encuentra en esta misma situación judicial por el desfalco del Palau de la Música y tiene su sede embargada para cubrir una responsabilidad civil de 3,3 millones de los que supuestamente se benefició por ese saqueo, pero el caso todavía está en fase de instrucción.

El fiscal del caso Pallerols, Fernando Rodríguez Rey, acusa a seis personas, cinco de ellas militantes de UDC, y reclama penas que suman entre 7 y 11 años de cárcel por malversación, cohecho y falsedad supuestamente cometidos al desviar parte de las subvenciones. En el banquillo se sentarán, entre otros, Vicenç Gavaldà, secretario de organización de Unió entre 1992 y 2006, a quien el fiscal acusa de “procurar vías de financiación para las actividades y gastos de UDC”. La fiscalía cree que Gavaldà “urdió y medió” entre las academias de Pallerols y el Departamento de Trabajo sobre el importe de las cantidades que se destinarían y las que “se iban a detraer” para desviarlas.

Petición de 11 años para Vicenç Gavaldà, exsecretario

Otra acusada es Dolors Llorens, en aquella época perteneciente al comité de Gobierno de Unió y subdirectora de Empleo de la Generalitat entre 1995 y 1999. Además de Fidel Pallerols, también está acusada su esposa, María Cruz Guerrero, que se dio de baja en el partido en 1998, así como Lluís Gavaldà, hermano de Vicenç, y Santiago Vallvé, quien ya fue condenado en 2007 junto a otros ocho militantes de Unió por malversación en el Consorcio de Turismo de Cataluña que dirigía Joan Cogul, quien se suicidó en Filipinas antes de celebrarse aquel juicio.

La tesis de la fiscalía es que el 10% del dinero que recibieron las academias del grupo Pallerols sirvieron para comprar material de oficina e informática en las sedes de Unió o para pagar los salarios de militantes que, sin trabajar, estaban en nómina de las empresas beneficiarias. Sin embargo, el fiscal cree que solo se ha podido probar el desvío de los 595.972 euros que reclama a Unió.

El caso ha sufrido un sinfín de incidentes procesales y eso explica los casi 14 años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, lo que con toda probabilidad servirá a los abogados para pedir una rebaja de pena e invocar lo que se llama “dilaciones indebidas” que en muchas ocasiones provocan las defensas con sus recursos. En este caso, las diligencias han pasado por el Tribunal Supremo —que exculpó a los diputados de Unió Josep Sánchez Llibre y Pere Grau—, así como por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en su día también exculpó a Enric Millo, entonces diputado autonómico de CiU y ahora portavoz parlamentario del PP en la cámara catalana. Millo estuvo imputado porque había sido delegado de Trabajo de la Generalitat en Girona y ahora deberá declarar como testigo el próximo día 28. Durante las 54 sesiones que dure el juicio, previsto hasta el 17 de abril, también está prevista la comparecencia como testigo del secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, y del diputado en el Congreso Sánchez Llibre.

El caso incluso estuvo archivado unos meses por decisión del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, pero el fiscal recurrió y la Audiencia lo reabrió y ordenó a la juez que lo siguiese tramitando. Esa decisión la adoptó la Sección Décima, que entonces presidía Josep Maria Pijuan, el mismo magistrado que ahora, destinado en el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona investiga el caso Palau. Pijuan también presidió el tribunal que condenó a los acusados del caso Turismo y al que recusó sin éxito UDC en aquel asunto.