Vecinos de Villaverde tratan de parar una gasolinera pegada a sus viviendas

La construcción de una gasolinera en un solar del distrito de Villaverde ha levantado en armas a los vecinos, que denuncian su ilegalidad al estar demasiado próxima a viviendas y parques infantiles, y justo al lado de una parcela reservada para un centro de salud. Los vecinos se han reunido con Ayuntamiento y Comunidad, han recogido miles de firmas y han realizado protestas en la calle, pero las obras siguen su curso, pendientes ya solo de un par de recursos administrativos.

La empresa Bogar solicitó en agosto de 2009 al Ayuntamiento de Madrid (PP) licencia urbanística para construir una gasolinera en un solar ubicado en el número 22 de la calle de la Hulla. Dos meses después, el expediente se remitió al Gobierno regional (PP) para que emitiese el informe de impacto ambiental preceptivo.

En marzo de 2011, la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque, opuesta al proyecto, pidió al Ayuntamiento que cerrase el expediente por silencio administrativo regional. Así se hizo.

Pero la Comunidad terminó por dar el visto bueno medioambiental en febrero de 2012, y la empresa solicitó entonces de nuevo licencia municipal, que fue aprobada en agosto. Los vecinos denuncian que, pese a que en el expediente constaba que debían ser avisados para poder recurrir, no se les comunicó; ante la ausencia de recurso, el 3 de septiembre se aprobó definitivamente la licencia. Se permitió así construir una gasolinera con un edificio de 300 metros cuadrados divididos en dos plantas (tienda y oficinas), dos tanques de 70.000 litros cada uno, seis surtidores de cuatro mangueras, un puente de lavado automático y seis de lavado manual, seis aspiradoras y siete plazas de aparcamiento. Las obras comenzaron el 23 de noviembre.

Los vecinos empezaron a recoger firmas en el barrio en contra de la estación de servicio el 1 de diciembre (tienen ya más de 2.000), al considerar “una barbaridad” que se construya “muy cerca de los bloques de viviendas, la pista de patinaje, la zona infantil del parque, una futura escuela infantil, y pegada a la parcela cedida para la construcción de un centro de salud”. Añaden además que hay otra gasolinera a solo 700 metros. En diciembre, protestaron junto al solar al grito de: “Gasolinera no: necesitamos más pediatras, no surtidores. ¡Centro de salud ya!”.

La asociación de vecinos presentó un recurso extraordinario de revisión, alegando que la licencia se aprobó “sin tener en cuenta que se construirá a menos de 15 metros de un bloque de viviendas, a menos de 15 metros de una zona infantil, a menos de 60 metros una zona de juegos infantiles en un parque público, a menos de 60 metros de otro edificio de viviendas, a menos de 60 metros de una parcela destinada a la construcción de una escuela infantil, a menos de 80 metros de una parcela destinada a equipamiento educativo y en la parcela colindante con un terreno destinado a la construcción de un centro de salud”.

Eso, alegan, viola la normativa de seguridad sobre distancia a edificaciones del real decreto 1562/1998, que indica que la distancia mínima debe ser de entre 30 y 40 metros respecto a inmuebles habitados o locales de pública concurrencia.

Además, los vecinos cuestionan la declaración de impacto medioambiental aprobada por la Comunidad, que en su opinión no tiene en cuenta “los posibles perjuicios” de situar una gasolinera cerca de viviendas, ni el hecho de que haya otra estación “a menos de 700 metros”. En diciembre, se reunieron con el Gobierno regional, que les confirmó, según cuentan, que no se tuvo en cuenta el convenio para construir un centro de salud en el solar contiguo a la hora de elaborar el informe de impacto ambiental.

También mantuvieron un encuentro con el área municipal de Urbanismo, del que extrajeron que efectivamente no se les había comunicado como era preceptivo la resolución de la licencia. Por ello, han presentado un recurso de reposición, en el que denuncian además que, al abrirse de nuevo el expediente en febrero de 2012, el Ayuntamiento no realizó de nuevo todos los trámites, lo que permitió conceder el permiso con tanta celeridad, apenas cinco meses después.