La Junta avisa a los alcaldes de que deben acatar las órdenes de desalojo

El drama de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios ha provocado que los alcaldes de numerosas localidades andaluzas obstaculicen los desalojos mediante un procedimiento de resistencia pasiva. Los regidores han dado la consigna a sus policías locales de que no colaboren en los lanzamientos, lo que en muchas ocasiones provoca que los funcionarios de justicia que acuden a los desalojos se encuentren solos. El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha recordado a los alcaldes que la policía “está obligada” a cumplir órdenes y “prestar esa colaboración” con los juzgados.

En una entrevista con Europa Press, De Llera afirmó que aunque a los jueces cada día “les repugna más acordar” órdenes de desahucio, los alcaldes no pueden resistirse a estos decretos. El consejero aseguró que “un alcalde no tiene autoridad para negar el auxilio a un juez cuando pide el uso de la policía” y advirtió a los regidores de que “si un juez ordena algo, la policía está obligada a colaborar”.

La reacción de De Llera llega después de que el alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Carmelo Conde, del PSOE, emitiera un bando en el que anunciaba que el municipio no pondrá “ni un solo” agente de la Policía Local “a disposición de las órdenes de desahucio”. La iniciativa del regidor sevillano tiene numerosos antecedentes en la comunidad. Municipios como Montoro (Córdoba), Peligros (Granada), Casares (Málaga), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) o La Línea de la Concepción (Cádiz), gobernados por PSOE o IU, han decretado también la insumisión de los agentes locales a los desalojos.

El último caso conocido es el de El Coronil (Sevilla), cuyo alcalde, el socialista Jerónimo Guerrero, tiene previsto debatir en el pleno ordinario de enero la prohibición de que los agentes participen en los desahucios. En otra moción, calcada de iniciativas similares en otros municipios, se debatirá “dejar de trabajar” y negociar préstamos y productos financieros con bancos involucrados en procedimientos de desahucio.

En los dos primeros trimestres de 2012, los juzgados de primera instancia andaluces acordaron un total de 7.551 lanzamientos tanto hipotecarios como por impago de alquiler, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras la entrada de IU en el gobierno, la Junta de Andalucía se ha mostrado muy beligerante, al menos en sus manifestaciones públicas, contra los desahucios.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de IU, ha proclamado en varias ocasiones que la “paralización inmediata” de los lanzamientos “es posible” y ha demandado al Gobierno central que impulse la dación en pago y que emplee todos los recursos legales para que las entidades bancarias rescatadas con dinero público no realicen desahucios. Sin embargo, la consejera no ha llegado al punto de los alcaldes de promover medidas de insumisión a las órdenes judiciales.

En el plano práctico, la medida más concreta del Gobierno andaluz ha sido la apertura en cada capital de provincia de oficinas de asesoramiento, intermediación y protección a las víctimas de desahucios.