“Si puedo comer dos veces, pues lo hago. Si no, me quedo con una”

Tal y como cuentan los que estuvieron, aquello se parecía a un estado de sitio. Varios miembros de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) de Valencia y de La Safor narran cómo un amplio contingente de Guardia Civil se desplegó frente a la residencia de Carolina Fernández, una vecina de Beniarjó de 54 años, ante el inminente desalojo de su casa. Una actuación que supuso el final de un hogar que llevaba seis años pagado. Él único que la PAH no ha podido detener este año.

El desahucio, de hecho, provenía de un aval a uno de los hijos de este matrimonio que aún calcula los precios en pesetas. Ellos compraron su vivienda en 2005. Pagaron unos 72.000 euros “en billetes”. Y luego pidieron un préstamo de 30.000 euros para reformarla. Cada mes cumplían con los “trescientos y pico” que les pedían. Ella trabajaba limpiando “durante el verano”. Él, de 62 años y con problemas de salud, llevaba tiempo sin estar en activo. Entonces, uno de los cinco hijos, de 32 años, se compró un piso. El banco les pidió un aval, aunque Carolina no estaba muy dispuesta a dar nada. De hecho, se ofreció a saldar su deuda y que su hijo se las ingeniara para salir adelante. En el banco, al ver que el “lanzamiento” era inevitable porque no se abonaban los pagos, les recomendaron que, directamente, dejaran de pagar.

Así hasta el 21 de noviembre de este año. Aquel señalado día apareció el aparejador con la Guardia Civil. No hubo forma de pararlos. “Ha sido el único que no hemos paralizado de los que nos han avisado”, recuerda Arturo Peiró, uno de los miembros de la agrupación. Esa mañana les dieron de tiempo para recoger sus cosas.

Eran siete. Tres nietos, dos de los cinco “nenes” de la pareja y el matrimonio. Cargaron los muebles “por la puerta y la ventana” y se trasladaron a una calle “peatonal, donde no pasaban coches”. Ahí durmieron unas cuantas noches al raso hasta que un vecino les dejó guardar el inmobiliario en una cochera. “Si nos íbamos de allí nos lo quitaban”, relata Carolina.

En esa situación, el hijo embargado se metió en la caseta del cementerio municipal junto a tres niños y su mujer. “Mi marido cogió un resfriado muy grande y nos fuimos a casa de una amiga de La Font d’En Carròs”, continúa Carolina. “Pero no sabemos hasta cuándo ni cómo”.

Cinco semanas después de su desalojo el saldo sigue siendo el mismo: “No tenemos nada”. Su casa la han perdido y ellos se mantienen “en el día a día”.

“Estoy en la voluntad del Señor”, arranca sollozando Carolina, “él me da fuerzas para tirar adelante”. “Me he pasado toda la vida trabajando sin poder ver a mis hijos para esto”, añade desconsolada. Ahora, reconoce que sale a buscarse la vida vendiendo ajos o con “algunos encargos”. “Los vecinos me han ayudado mucho”, confiesa. “pero ahora estamos sobreviviendo día a día, sin esperanzas”.

Lo peor, reflexiona, es no saber qué va a pasar de aquí en adelante. Por eso, por mucho que los miembros de la organización se esmeren en relatar su singular “fracaso” y en hacer memoria para estimar los próximos apoyos, lo que prima en la tumultuosa familia de Carolina es la organización y la perspectiva: “Todos mis hijos están tirados. Y nosotros intentamos apañarnos. Si podemos comer dos veces, pues dos veces. Si no, pues una”.