Los bancos hacen de los desalojos su última opción

El decreto ley del Gobierno que preside Mariano Rajoy “de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios” prevé actuaciones “claramente insuficientes para dar respuesta a la sangría incesante de desahucios existentes en España y en nuestra Comunidad”, escribía a finales de noviembre el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, en una carta dirigida a responsables de entidades bancarias que operan en el ámbito valenciano. Y les solicitaba una reunión con intención de comentar si, “hasta que finalice el trámite parlamentario del citado Real Decreto Ley, se pudiera establecer una moratoria de todos los procesos de ejecución hipotecaria pendientes en su entidad bancaria”.

El líder de los socialistas valencianos adelantaba, además, su intención de plantear “la posibilidad de poner las viviendas vacías que tienen en stock a disposición, bajo la fórmula de alquiler social, de todas aquellas personas que ya han perdido su vivienda por desahucio y también de aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y necesiten acceder a una vivienda digna”.

En las últimas semanas, en efecto, Puig ha mantenido contactos con responsables de entidades financieras como Ibercaja, Caixabank o Bankia y tiene pendiente una reunión con responsables de SabadellCAM. El dirigente del PSPV-PSOE reiteró en esos contactos sus argumentos. “La grave situación en la que nos encontramos nos obliga a agotar todas las vías posibles para dar una respuesta digna y justa para parar este drama social que afecta a miles de familias en esta Comunidad”, señalaba en su carta. Pero las reuniones han servido también para intercambiar impresiones sobre el problema y calibrar la actitud de las entidades ante la alarma social causada por los casos de desalojos.

La diputada socialista en las Cortes Valencianas María José Salvador, responsable de temas de vivienda, que ha asistido a las reuniones, resume su impresión general: “Todos buscan la forma de que el desahucio sea la última opción”. Se refiere a desalojos de personas o familias de su vivienda habitual, porque uno de los problemas que suscita la evaluación de este drama social es que la estadística no diferencia, en principio, entre desahucios que afectan a primeras o segundas residencias o a otro tipo de propiedades. La expulsión de sus viviendas de familias que se quedan literalmente en la calle constituye una parte limitada, aunque sea la más cruda, de los efectos de la crisis sobre el derecho a la vivienda. “Intentan evitar esos desahucios a toda costa”, indica Salvador.

“La respuesta ha sido positiva”, señala la diputada socialista. “Hay voluntad de buscar fórmulas para evitar que la gente pierda su casa”. Los alquileres sociales, el otorgamiento de periodos de carencia para aplazar el pago de las hipotecas y, en última instancia, la dación en pago, son algunas de las fórmulas de las que habló el dirigente del PSPV-PSOE con los responsables de las entidades bancarias. Algunas de ellas, como es el caso de La Caixa, tienen programas de vivienda social muy potentes. Y es en ese terreno, el del alquiler social, en el que los socialistas están especialmente interesados.

Aunque, otra vez, no hay información pública sobre ello, la diputada Salvador calcula que el stock de viviendas de las entidades bancarias en la Comunidad Valenciana puede rondar las 30.000. La posibilidad de que los bancos las ofrezcan para alquiler social, es decir, a precios reducidos para personas desahuciadas de su vivienda habitual o en riesgo de perderla, es una de las ideas en las que más ha insistido el PSPV-PSOE. En opinión de la parlamentaria, el Consell que preside Alberto Fabra, pese a los anuncios de medidas a través del Instituto Valenciano de la Vivienda, carece de una política efectiva al respecto.

“Se hace necesaria una política integral pública de vivienda, no parches”, declaraba Salvador hace sólo unos días, y añadía que los alquileres sociales anunciados por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Senado tendrán “un impacto mínimo” debido a que se plantean con “unas condiciones de acceso muy restrictivas”.

De una forma u otra, las reuniones de Puig con responsables de entidades bancarias han servido, indican desde el PSPV-PSOE, para “abrir un canal de comunicación e interlocución” sobre el problema.