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La Fiscalía advierte de que llegará hasta el Constitucional con las preferentes

Carlos Varela considera que la vía judicial es “lo que les queda” a los 32.000 afectados “con derecho a recuperarlo todo”

Afectados por las preferentes en el ayuntamiento de Boiro
Afectados por las preferentes en el ayuntamiento de Boiro EFE

Mientras se intensifican las protestas y encierros de afectados y una asociación, Agaprofi, prepara una nueva demanda judicial colectiva contra Novagalicia Banco para pedir la nulidad de las participaciones preferentes comercializadas a clientes minoristas por las antiguas cajas gallegas, la Fiscalía de Galicia urge a la Audiencia Provincial de A Coruña a pronunciarse cuanto antes sobre su recurso contra la decisión de un juzgado de rechazar su inicial denuncia, también colectiva, por este tipo de “practicas abusivas”.

“Agotaremos todos los recursos que concede el ordenamiento jurídico”, advirtió ayer el fiscal superior, Carlos Varela, en el Parlamento gallego, incluso llegando si hace falta hasta el Tribunal Constitucional para reclamar que los afectados recuperen la totalidad de su dinero. Es el objetivo y la prioridad del ministerio público, insistió, máxime cuando calcula que más del 90% de las 43.000 personas afectadas en Galicia “tienen derecho a recuperarlo todo” dado que son “ahorradores ordinarios, de a pie” que han perdido su dinero en productos financieros sin “que se les haya informado” del alto riesgo de esos contratos.

A través del arbitraje del Instituto Galego de Consumo, Novagalicia Banco ha devuelto unos 200 millones de euros a unos 11.000 afectados. Pero los restantes 32.000 siguen a expensas de la Justicia, “la única vía que les queda”, remarcó Varela, firme defensor de lograr “una solución de carácter global” para anular “los efectos aún vigentes de esas prácticas abusivas”. Es precisamente este el argumento que esgrimirá la fiscalía si llegado el caso tiene que acudir ante el Constitucional: la normativa europea establece la tutela judicial efectiva para proteger los derechos de consumidores, y no vale que los tribunales se limiten a fallar que no se repitan en el futuro ese tipo de contratos como los que se hicieron entre 2003 y 2009. “Deben ser anulados” para que los afectados puedan recuperar sus ahorros, en total unos 800 millones de euros. Para Carlos Varela, la Justicia incluso debería actuar “de oficio”. Aunque reiteró sus esperanzas de que prospere su recurso siempre y cuando la Audiencia provincial haga “una interpretación no burocrática del derecho, y por lo tanto no restrictiva”.

Más niños violentos

Los delitos de violencia doméstica causada por menores se incrementaron un 20% el pasado año (269 casos). Y no funcionan con eficacia los servicios de protección de la Xunta que intervienen con adolescentes en conflicto social, volvió a denunciar ayer la Fiscalía Superior de Galicia. Lleva años reclamando, sin éxito hasta el momento, una mayor coordinación de los servicios y medios de las consellerías de Educación, Sanidade y Benestar con el ministerio público, para evitar que sigan creciendo este tipo de casos. “Buenas palabras siempre hubo”, pero “la vieja reivindicación” para una mayor coordinación debe “materializarse de una vez”, reclamó el fiscal Carlos Varela ante la Comisión parlamentaria de Xustiza. “Es necesaria la detección temprana de estos problemas y la implicación de las consellerías afectadas, cuando normalmente se trasladan de un servicio a otro sin actuar eficazmente”, denunció Varela. Son menores con trastornos que reiteradamente no acatan las normas ni el principio de autoridad tanto en las aulas como en sus domicilios, “haciendo lo que les peta y ejerciendo la violencia psíquica o incluso física contra sus progenitores, sobre todo las madres”, incidió el fiscal.

A preguntas de los grupos parlamentarios, Carlos Varela insistió en que el perfil de los afectados por las preferentes en Galicia es el de un “ahorrador de a pie”, totalmente ajeno a contratos de inversiones de alto riesgo como los que le colocaron. “No son solo jubilados”, destacó. El fiscal de Galicia defendió además las ventajas de presentar una demanda colectiva para evitar “el colapso total” de los tribunales con “30.000 pleitos”, de tal manera que sea una única instancia judicial “la que se coma el marron”. Otra novedad es que el ministerio público se ha propuesto defender a los consumidores contra cualquier tipo de producto financiero, no solo las preferentes. “Ya tenemos preparada la infraestructura para ello, este tipo de pleitos contra grandes empresas que prestan servicios y abusan de su superioridad” serán los casos típicos del siglo XXI, ahondó Varela.

En términos parecidos a la fiscalía, se propone actuar ante la Justicia la Asociación Galega de Afectados por Produtos Financeiros (Agaprofi). Presentará también una demanda colectiva para pedir la nulidad de las preferentes colocadas a clientes “minoristas” de las entidades bancarias. Las dos antiguas cajas gallega, según explicó ayer el abogado de la asociación, Xoán Antón Pérez Lema, comercializaron productos híbridos —preferentes o subordinadas— según “comportamientos repetidos”: los afectados son “clientes previos” de las entidades, “ahorradores”, “personas que tenían confianza” en el personal de la oficina pero información “incompleta” sobre los productos en los que invertían sus ahorros.