Los rascacielos de Eurovegas no tendrán límites de altura

En su visita a Barcelona la primavera pasada, cuando la ciudad condal pujaba con Madrid por ser la elegida para albergar la versión europea de Las Vegas, Sheldon Adelson tumbó las aspiraciones de la Generalitat con una frase eterna. El magnate de los casinos y 14ª fortuna mundial miró la torre Agbar, de 145 metros de altura, y pronunció de forma lapidaria: “Eso no es un rascacielos”. Acostumbrado a los edificios infinitos erigidos en mitad del desierto de Mojave, con el Stratosphere rasgando el cielo con sus 350 metros —desde cuya punta los más valientes, o locos, pueden hacer puenting—, Adelson no quería límites para recrear el strip de Las Vegas. El Gobierno regional rompió esas y otras barreras introduciendo una serie de enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como ley escoba, que la Asamblea de Madrid aprobará esta tarde.

“Las limitaciones establecidas por la legislación de suelo de la Comunidad de Madrid relativas al régimen de alturas permitidas no serán de aplicación a las edificaciones del Centro Integrado de Desarrollo (CID)”, reza una de las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario popular en el hemiciclo. No es la única modificación que afectaría a Eurovegas o sus posibles imitadores, a los que se busca aliviar las trabas burocráticas a través de la figura expresa de los CID.

La normativa final establece una bonificación por creación y mantenimiento de empleo “la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,1% por cada 100 trabajadores que integren la plantilla media en cada periodo”. Es decir, una exención del 100% por cada 100.000 empleados: de funcionar a pleno rendimiento en 2025 según las previsiones de la empresa, supondrá una inversión de 16.900 millones de euros, la creación de 164.000 empleos directos y una aportación equivalente al 4,5% del PIB de Madrid. A cambio, desaparecen la bonificación del 9% anual por inversiones en edificios o material y la bonificación de 9.000 euros —también al año— por cada trabajador que integre la plantilla, que sí aparecían recogidas en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento.

En cualquier caso, la Comunidad también incluye una serie de cláusulas con las que guardarse las espaldas en caso de que el proyecto no salga según las previsiones. El pasado octubre el presidente madrileño, Ignacio González, y Adelson dieron una fecha para el comienzo de las obras: diciembre de 2013. Por si acaso, el Ejecutivo autonómico incluye ahora una normativa específica en caso de que no sea así. El Gobierno establece como “causas de caducidad de autorización" de los CID: "el incumplimiento de los plazos de inicio de la ejecución del CID previstos", salvo que se hubiera otorgado una prórroga; "la falta de culminación de las obras e infraestructuras de conexión del CID y de los elementos estructurantes de la urbanización transcurrido un plazo superior al doble del previsto en el programa de implantación": o "la no puesta en funcionamiento de al menos el 30% de las instalaciones que a estos efectos se señalen en el Proyecto de Alcance Regional y representen un mínimo del 25% de la inversión comprometida dentro de los plazos previstos".