Urkullu ‘anima’ a su pesar el debate fiscal

Paradojas de la política y de la arquitectura institucional vasca. Después de tres años y medio en el Gobierno sin prácticamente ninguna capacidad de influencia en la política fiscal, el PSE ha ganado ahora de rebote una bola de partido con la que puede lograr, cuando está en la oposición, la reforma por la que porfía.

La aritmética parlamentaria va a acabar siendo más importante que las necesidades de ingresos del país, y el PNV puede acabar cediendo a acometer una profunda reforma fiscal en Bizkaia y por arrastre en Álava, —al dictado de los partidos de izquierdas— gracias a que sin el apoyo o la abstención del PSE se le puede poner muy complicado tener nuevos Presupuestos para 2013. La fragmentación política puede así acabar mejorando los ingresos públicos, después de una legislatura reduciendo el gasto y aumentando la deuda para compensar unas recaudaciones en caída libre.

El billete hacia la gran herramienta económica de los peneuvistas, sus primeros Presupuestos, solo parece posible si hay un pacto previo en el Parlamento en torno a la reforma tributaria, a los incentivos económicos para el empleo y a un blindaje de las políticas sociales. Sin acuerdo “razonable” en esos tres ámbitos no habrá presupuesto para 2013, aseguran de forma tajante desde el PSE.

El Grupo Socialista ya ha solicitado a la Mesa de la Cámara la convocatoria de dos plenos correspondientes en los que debatir específicamente de esos asuntos. “Si los presupuestos para 2013 llegan antes de un acuerdo con el PSE para resolver el déficit de ingresos que ahoga a este país, no habrá cuentas”, recalca el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor. “Si el momento de la votación de enmiendas a las cuentas es anterior y no posterior, o al menos, paralelo, a los acuerdos en materia de tributaria y de incentivos, no habrá apoyo socialista. Sin blindaje previo de las politicas sociales o si ese asunto no queda absolutamente encarrilado, no habrá acuerdo”, remata.

La Mesa del Parlamento analizará el próximo miércoles si abre el campo al debate en enero

El aviso es también para el propio Parlamento, para que se engrasen los procesos internos y se facilite la fijación de fechas para esos plenos sin que el debate presupuestario interfiera o los retrase. Los grupos políticos creen que es factible resolver en la última quincena de enero o la primera de febrero los debates fiscal y de incentivos económicos, incluso de forma paralela al de las enmiendas presupuestarias, para ir incorporando los acuerdos de forma inmediata, si se producen.

De hecho, el PSE y EH Bildu, se aliaron el viernes pasado en la Cámara para pedir a la Mesa que habilite enero, un mes habitualmente de vacaciones parlamentarias, de forma que se puedan convocar los plenos sobre fiscalidad y empleo e incentivos antes de que la tramitación de los Presupuestos ralentice el resto de la actividad. La Mesa lo analizará el próximo miércoles.

En ese caso, en marzo podrían estar aprobadas las cuentas del nuevo Ejecutivo, que ya está trabajando a marchas forzadas en las directrices presupuestarias y los incentivos para el empleo podrían figurar en el texto. En esta coyuntura de crisis, el Gobierno de Iñigo Urkullu no se plantea ni como primera ni como segunda opción mantener la prórroga presupuestaria que será automática el 1 de enero.

Pero al PNV no le gusta ni el contenido de la reforma fiscal que le proponen tanto los socialistas como EH Bildu, ni el campo de juego que le plantea la oposición. Pactar una política tributaria en el Parlamento rebasa los límites de su diseño de país, con las Diputaciones en el centro exclusivo de la fiscalidad. El propio Urkullu lo dijo el jueves pasado en una entrevista en Radio Euskadi: “Lo hablaremos primero en el Órgano de Coordinación Tributaria y después lo hablaremos en el Parlamento”. “Esta vez va a tener que ser al revés”, replicaba Pastor unas horas después. “Primero lo pactaremos en el Parlamento, y con esas directrices se elaborarán las normas forales”, abundó el dirigente socialista.

La ley de Armonización Fiscal deja en manos de la Cámara el impulso y liderazgo de campañas de coordinación contra el fraude y permite legislar para evitar que la competencia foral en materia tributaria convierta a cada territorio en diferente de los otros dos, y ello perjudique a sus ciudadanos con diferentes obligaciones tributarias. Algo que ya está sucediendo.

Pastor: “Primero, pacto en la

Además, la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco deja abierta la posibilidad de que el Gobierno remita al Parlamento un proyecto para establecer recargos en determinados impuestos como vía para recaudar más en determinadas coyunturas. Esta vía solo se ha utilizado tras las inundaciones de 1983, en una situación de emergencia.

Aunque al final de la pasada legislatura el PNV Urkullu ya empezó su primera gran ciaboga en materia fiscal, no contaba con verse en puertas de un desenlace como este.

La fiscalidad que viene tiene que marcarse como objetivo recuperar progresivamente los cerca de tres puntos y medio del PIB perdidos debido al abaratamiento sistemático y progresivo de las rentas empresariales y a una lucha contra el fraude fraccionada por provincias. Solo las deducciones de vivienda en IRPF suponen un gasto fiscal de 450 millones, y las deducciones por aportaciones a las EPSV más de mil millones.

El PSE volverá a plantear en ese debate subir el tipo de gravamen al 60% para quienes ganen más de 120.000 euros, elevar el impuesto de las grandes empresas al 30% y rebajar la tributación de las que tienen menos de 25 trabajadores del 24% al 18%. Son movimientos en los que los socialistas pueden encontrar en EH Bildu un aliado, como ya ha pasado en Gipuzkoa.

En el Impuesto de Sociedades el PSE propondrá fórmulas para evitar que las rentas altas lo utilicen para no realizar sus contribuciones personales, además de solicitar un aumento de las sanciones ante las bolsas de fraude y afrontar una criba de incentivos y deducciones de ese impuesto para reducir el gasto tributario.