La Fiscalía Superior activa la vía penal por la venta de preferentes

La Fiscalía Superior de Andalucía considera que existen indicios de delitos cometidos supuestamente por los responsables de sucursales bancarias que vendieron 351 participaciones preferentes a clientes sin conocimientos financieros suficientes para entenderlos. El fiscal ha emitido un decreto porque estima que hay razones para denunciar en los tribunales las ventas de estos controvertidos productos. Esta acción podría derivar en decenas de imputaciones a directores y subdirectores de sucursales bancarias por estafa, si finalmente los jueces comparten el criterio del ministerio público.

La policía adscrita al fiscal superior, Jesús García Calderón, ha investigado los últimos seis meses y ha encontrado casos sangrantes: prácticas abusivas con enfermos de Alzheimer, menores y personas iletradas o discapacitadas que compraron participaciones preferentes, incomprensibles para ellos, o adquiridas a sus espaldas. “No di permiso para que me sacaran mi dinero fijo. Me habían hecho una libreta sin mi firma”, denuncia Petra Sánchez, de 77 años, jubilada víctima de la supuesta estafa masiva que afectó a 309 familias solo en el pequeño municipio de Villanueva de Córdoba.

Los abusos afectan a enfermos de Alzheimer, menores y discapacitados

Estos vecinos, muchos de ellos trabajadores del campo, rellenaron supuestamente casillas tan técnicas como esta: “Entiendo aspectos financieros como volatilidad, correlación, VaR, put, call, etc”.

El defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, remitió la pasada primavera un total de 388 denuncias a la Fiscalía Superior para que decidiera la relevancia de las quejas ciudadanas. El fiscal ordenó a su policía adscrita que analizara las denuncias, que describían prácticas irregulares extendidas por todas las provincias. Tras seis meses de llamadas y comprobaciones, la investigación ha dado sus frutos y ha determinado que la inmensa mayoría incluye indicios de delito.

Los policías analizaron los tres paquetes de denuncias remitidos por Chamizo (268, 55 y 65 escritos en meses sucesivos) y se centraron en 28 de ellas, que analizaron de manera exhaustiva, al margen de muchos otros con mayor o menor incidencia. Solo descartaron 37 denuncias sin relevancia penal, dado que la principal criba ya la había realizado el equipo de Chamizo entre las recibidas en 2011 y principios de 2012.

Los casos están repartidos por toda la comunidad, pero el grueso está localizado en Sevilla, provincia que aglutina casi 200 denuncias. Ante los indicios de delito recabados, ahora la Fiscalía Superior ha emitido un decreto que ha enviado a la Fiscalía General del Estado para su conocimiento, y ha repartido entre las diferentes fiscalías provinciales las denuncias. El objetivo es agilizar el trabajo y que las denuncias sean revisadas una a una y se presenten ante los juzgados cuanto antes. Los fiscales ya han remitido algunas de estas denuncias a los jueces.

Me hicieron una libreta sin mi firma” Critica una víctima jubilada de 77 años

Los casos remiten a una falta de transparencia. “Nadie nos explicó nada, y cuando fui a la oficina a retirar el dinero, me dicen que el límite del dinero era justo lo que queríamos retirar (...) Visto que no estaban por la labor de solucionarlo, denuncié”, explica Ángel Ojeda, un cliente que en 2011 se adelantó al aluvión de denuncias de este año y ahora ha logrado que un juez impute al subdirector de su sucursal cordobesa de La Caixa para recuperar 45.000 euros, dinero que quería destinar a la la compra de un local, que finalmente se frustró. “Me parecía que me habían engañado (...) No se nos hizo el test de conveniencia [necesario para asegurarse de que el cliente conocía las complejidades de las preferentes]”, añade.

De momento no hay cifras oficiales sobre el total de preferentes comercializadas en Andalucía, aunque los perjudicados calculan que la cifra ronda las 60.000. De este total el supuesto fraude atañe a tres vías: la penal que explora la fiscalía; la civil, donde las víctimas han denunciado los abusos para lograr recuperar su dinero; y finalmente la de consumo, por la que la Junta ha abierto tres expedientes sancionadores a Caixabank y prepara más expedientes para otras entidades bancarias tras recibir 449 reclamaciones.

Si la vía de los expedientes abierta por la Junta no frena las demandas individuales presentadas por la vía civil, estas reclamaciones tampoco afectan a la penal. Si el juez resuelve anular el contrato para que el dinero sea reintegrado, esto no anula la responsabilidad penal del supuesto engaño. “El grueso es una cuestión civil”, analizan fuentes del caso, que cobrará más entidad a medida que cada fiscalía provincial pida la imputación de los responsables de las entidades bancarias que cometieron prácticas abusivas.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, resumió esta semana la venta de las participaciones preferentes con falsa diplomacia: “Por decirlo suavemente, fueron engañados”. La traducción que hace el fiscal de ese engaño es que los responsables deberían ser procesados por estafa.